El personero de la capital de Magdalena, Chadan Rosado, explicó que la renuncia se debe a la falta de garantías para los líderes sociales de Santa Marta.
Los integrantes de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, Colombia, renunciaron en pleno tras el asesinato de la lideresa social Maritza Quiroz, ocurrido el pasado 5 de enero.
El personero de la capital de Magdalena, Chadan Rosado, explicó que el retiro se debe a la falta de garantías, protección y seguridad de los participantes en la región, quienes están expuestos a coaliciones paramilitares y grupos violentos que aún operan en la zona.
Los integrantes de la mesa de #víctimas de Santa Marta renunciaron en pleno y sellaron sus bocas como símbolo del estado de indefensión en el que se encuentran tras el abandono del Estado para garantizar su protección tras el asesinato sistemático de líderes sociales. pic.twitter.com/pywjCTLuOe
— Paola Fernandez (@Paola_teleSUR) 11 de enero de 2019
La renuncia masiva fue oficial tras la publicación de una foto que muestra a los integrantes con las bocas selladas como medida de protesta ante la vulnerabilidad a la que están sometidos.
"Ellos se sienten desprotegidos y es a penas lógico por la poca importancia que se les ha prestado al problema de amenazas que vienen enfrentando", agregó Rosado.
Rosado explicó que la visita de la Unidad colombiana no cumplió con la expectativas de los líderes sociales que trabajan en las Mesas de Diálogo ni contribuyó a mitigar la violencia que persiste. Por el contrario, la catalogaron como efímera, poco precisa y sin medidas concretas.
"Se necesitan valoraciones eficientes y dependiendo del nivel de riesgo del amenazado, definirles el esquema indicado y no algo por salir simplemente del paso", exhortó el funcionario del Distrito.
Al menos siete líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2019; entre ellas, Quiroz, quien murió tras ser acorralada en su residencia por un grupo de sujetos no identificados, quienes le dispararon.
Unos 12 líderes que integran ese grupo regional se encuentran bajo amenazas y persecución, actos que se han agudizado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
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