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La atención del Estado colombiano a la región es otra de las demandas históricas de sus comunidades.

La atención del Estado colombiano a la región es otra de las demandas históricas de sus comunidades. | Foto: Proceso de Comunidades Negras en Colombia

Publicado 15 octubre 2021 (Hace 1 hora 7 minutos)



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Este viernes concluye la Caravana humanitaria por la Vida y por la Paz en comunidades de ese río, en el Chocó.

Los participantes en la Caravana humanitaria por la Vida y por la Paz en los territorios del río San Juan, que concluye este viernes en el departamento colombiano de Chocó (noroeste), denunciaron ante comunidades ribereñas el agravamiento de la situación humanitaria en la región debido a la militarización, las violaciones de derechos humanos y el abandono por parte del Estado colombiano.

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La caravana visitó este jueves la comunidad de Noanama, donde escucharon demandas históricas de las poblaciones y corroboraron la necesidad de inversión en áreas como salud, educación y cultura.

En los debates se ha reportado participación de pobladores de Itsmina, Sipí, Novita, Condoto y otras poblaciones. Para este viernes se prevé el regreso al punto de partida de la caravana, en Bajo San Juan.

Además de denunciarse los bombardeos, el desplazamiento forzado, el confinamiento y otras consecuencias del conflicto armado, se demandó al Estado colombiano cumplir su responsabilidad con el desarrollo regional y mitigar la pobreza y el hambre.

Durante los debates se ha enfatizado que el Gobierno del presidente Iván Duque mantiene en permanente abandono a la región, considerada una de las más ricas y biodiversas del mundo.

A juicio de los pobladores y líderes comunitarios, existe una estrategia de despojo del territorio para entregarlo a proyectos mineros y agroindustriales.

La caravana está constituida por cuatro comisiones (DD.HH., Comunicación, Logística y Metodología), cuyos integrantes fundamentan la propuesta de desarrollar un refugio humanitario para víctimas de desplazamiento forzado que aún no han podido retornar a sus hogares.

De acuerdo con organizaciones comunitarias, la militarización de estos territorios ha provocado el desplazamiento de más de 900 familias negras e indígenas.

Además de las comunidades y colectivos de indígenas y afrodescendientes, a estas actividades se han incorporado organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre ellas figuran la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), Pastoral Social y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), así como la representación en Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además de las fuerzas armadas, en estos territorios operan efectivos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.


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