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El actor Richard Gere ayuda a transportar suministros a bordo del barco de rescate Open Arms.

El actor Richard Gere ayuda a transportar suministros a bordo del barco de rescate Open Arms. | Foto: Reuters

Publicado 14 agosto 2019

El alcalde de Cádiz, José María González, ofreció esa ciudad española para que lleguen los refugiados, porque "no se puede permanecer de brazos cruzados" ante esta situación.

Ante la indolencia que han mostrado los gobiernos europeos por acoger a más de 500 personas rescatadas en el mar Mediterráneo por barcos de dos ONG, Naciones Unidas pidió a las autoridades de la mancomunidad intervenir para solucionar esta crisis humanitaria.

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En un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instó con urgencia a los países europeos a que acepten a las 507 personas que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo a bordo de los barcos humanitarios Open Arms y Ocean Viking.

"Es una carrera contrarreloj. Las tormentas están a la vista y la situación en que se encuentran estas personas va a empeorar. Dejar en alta mar con estas condiciones meteorológicas a quienes han huido de la guerra y la violencia en Libia causará sufrimiento sobre sufrimiento", afirmó el enviado especial del ACNUR para el Mediterráneo, Vincent Cochetel.

Dos barcos deambulan sin puerto de llegada

El barco español Open Arms lleva 12 días navegando en alta mar con 151 personas a bordo rescatadas cerca de las costas de Libia, sin recibir permiso de atracar por parte de los gobiernos de Italia, Malta y España.

La Nave Ocean Viking, de bandera noruega pero fletada por las ONG francesas Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranee, lleva poco más de una semana con 356 refugiados a bordo. De igual manera, ningún gobierno le ha concedido permiso para arribar.

¿Por qué las ONG rescatan refugiados?

El eurodiputado Miguel Urbán Crespo, quien en su cuenta de Twitter (@MiguelUrban) se presenta como “anticapitalista empeñado en cambiar el mundo”, explicó en una serie de tuits que las ONG rescatan refugiados en el Mediterráneo debido a que los gobiernos europeos abandonaron esa labor humanitaria.

“Fundamentalmente porque Italia, Malta y la UE han dejado de hacer su trabajo, eliminando las operaciones de rescate marítimo público que existían en el Mediterráneo central”, indicó.

En un resumen, recordó que en 2013, y ante las numerosas tragedias en el Mediterráneo, Italia creó Mare Nostrum: un dispositivo de salvamento de la Marina italiana para socorrer a personas en el mar que, según el Ministerio del Interior, salvó a más de 100 mil personas en un año.

Pero, ante una serie de recortes presupuestales, esa operación, que cambió de nombre, concluyó y la Marina italiana se centró en labores de vigilancia, por lo tanto aumentaron las muertes, ante lo cual las ONG y particulares entraron al relevo.

Italia cierra sus puertos

Con la llegada de un gobierno de derecha antiinmigrante, Italia cerró sus puertos a los barcos de las ONG con personas rescatadas.

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, impulsó una ley para imponer multas a los barcos que ingresan a aguas italianas sin autorización por hasta un millón de euros (1.12 millones de dólares). Además se confiscan las naves y se prevé el arresto del capitán que se niegue a acatar la orden de no ingresar al país de la bota.

La UE mira hacia otro lado

Malta, de su lado, ha señalado que carece de la capacidad para recibir a los rescatados, mientras que las autoridades españolas han evadido la responsabilidad de acoger a los refugiados.

El alcalde de Cádiz, José María González, anunció el martes que envió una carta al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para ofrecer a esa ciudad como puerto seguro para el barco Open Arms. "No se puede permanecer de brazos cruzados" ante esta situación, externó.

Sin embargo, la ministra española de Hacienda, María de Jesús Montero, dijo que "lo más sensato es que (el Open Arms) se dirija al puerto cercano más seguro, que se encuentra en las costas italianas".

Montero manifestó que los refugiados no pueden ser considerados responsabilidad exclusiva de España. La Unión Europea debe ser la que "distribuya después a estas personas", mencionó.

Y el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que está en contacto con los Estados miembros de la UE "para explorar soluciones".


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