En caso de que sea encontrada culpable, la presidenta Boluarte no podrá ser procesada hasta que culmine su mandato en 2026.
El Ministerio Público del Perú reprogramó la citación a la presidenta Dina Boluarte para que comparezca al interrogatorio sobre las acusaciones por la muerte de varias personas durante la represión contra las protestas por la destitución del expresidente Pedro Castillo.
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La mandataria había sido citada para una audiencia del caso el próximo 31 de mayo, pero Boluarte debe asistir a un acto oficial planificado desde hace semanas, pero el ente judicial no canceló el interrogatorio, sino que lo aplazó para el 6 de junio venidero.
En una entrevista ofrecida a la prensa, la presidenta declaró que "Se ha reprogramado la audiencia del 31 de mayo por el simulacro de sismo, voy a acudir al Ministerio Público y no me voy a acoger al derecho al silencio".
��Resultados del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales desde el 4 de abril al 12 mayo.⤵ pic.twitter.com/307UtMovxX
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 26, 2023
La fiscalía la investiga a la mandataria por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en un caso abierto en enero por "las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023".
El ente judicial intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la violenta represión desatada por los órganos policiales contra las manifestaciones antigubernamentales en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Una de las recomendaciones del #InformePerú de la #CIDH, refiere a la reparación integral de las víctimas de violaciones de #DerechosHumanos y exige investigar, juzgar y sancionar a todas las personas que puedan resultar responsables.
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 24, 2023
Detalles: https://t.co/1NVOMda6SE pic.twitter.com/fOxkRgwlSB
Según especialistas, en caso de que sea encontrada culpable, la presidenta no podrá ser procesada hasta que culmine su mandato, en 2026, como reza la Constitución del país sudamericano.
Organismos internacionales han mostrado su preocupación por la represión, por la que murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los apedreaban en Puno, epicentro de las protestas.