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El programa estatal de viviendas sociales mejoró las condiciones de vida de miles de familias bolivianas de menores ingresos o en condiciones de pobreza extrema.

El programa estatal de viviendas sociales mejoró las condiciones de vida de miles de familias bolivianas de menores ingresos o en condiciones de pobreza extrema. | Foto: Periódico Bolivia

Publicado 9 abril 2021


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Se retoma un programa estatal paralizado durante un año por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Bolivia informó este viernes que prevé construir durante este año 10.872 viviendas para beneficiar a ciudadanos de escasos recursos.

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De acuerdo con informaciones difundidas a través de la red social Twitter, el programa contará con un fondo de 750 millones de bolivianos (más de 108 millones de dólares).

Según el director de la AEV, Juan José Espejo,  tal inversión permitirá relanzar con fuerza un plan que durante la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019) benefició a miles de personas que no podían acceder a créditos, vivían en pobreza extrema y ya disponen de techo propio.

El programa prevé la edificación de viviendas nuevas para aquellos ciudadanos con necesidad habitacional que posean terrenos, así como la reparación y ampliación, según el solicitante, de moradas construidas con anterioridad.

Asimismo, se ha concebido la entrega de un grupo de casas a personas con discapacidades.

Espejo declaró a una televisora local que se socializó la información del programa y a partir del diálogo con autoridades locales se presentó un cronograma. Agregó que a partir de ahí comenzará la reactivación económica, con la distribución de los saldos correspondientes.

Además, aclaró que la AEV aún no ha hecho ningún tipo de contratación empresarial, con lo cual dejó sin fundamento una denuncia de la dirigencia de la Confederación Nacional de Constructores de Bolivia.

De acuerdo con el gremio, la Agencia Estatal de Viviendas estaría presuntamente “dirigiendo” adjudicaciones de obras con empresas constructoras. 

El Gobierno de facto de Jeanine Áñez paralizó durante un año la ejecución de este programa que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las familias bolivianas de menores ingresos.


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