Campesinos colombianos liberan a 180 soldados que retenían

Campesinos que reclaman al Gobierno de Colombia la reactivación del programa para sustituir cultivos ilícitos y se oponen a la erradicación forzosa de estos,  entregaron este jueves a la Defensoría del Pueblo los 180 soldados del Ejército nacional que mantenían custodiados en Tibú, Norte de Santander.

LEA TAMBIÉN:

Organizaciones sociales denuncian prácticas violentas policiales en Colombia

Tras varias horas de reunión con las autoridades y el Ministerio Público, los campesinos del Catatumbo acordaron levantar el cerco humanitario y permitir a los uniformados, que estaban en la vereda Orú 7 y Chiquinquirá, salir de la zona.

A través de un comunicado, las comunidades expresaron que dieron por terminado el cerco humanitario y decidieron retirarse.

Subrayaron que el Ejército Nacional no fue víctima de ningún tipo de violencia o secuestro, pues los militares recibieron buen trato. Agregaron que estos mantuvieron consigo en todo momento sus armas reglamentarias, equipos de comunicación y otros medios personales.

De acuerdo con los comunidades, el cerco humanitario y la custodia durante 24 horas de los uniformados pretendía salvaguardar la integridad de ambas partes.

Con anterioridad, la militarización de la zona, ordenada por el Gobierno del presidente Iván Duque para erradicar forzosamente cultivos ilícitos, trajo consigo la muerte de campesinos presuntamente por disparos de efectivos del Ejército nacional.

Los campesinos rechazaron las afirmaciones de altos mandos militares de que habían secuestrado a los soldados, quienes permanecieron custodiados en una cancha deportiva de la escuela del sector Orú 7, de la vereda Chinquiquirá.

Esta versión del secuestro también fue difundida por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien amenazó que operaría con la Fuerza del Estado.

“Pretender retener soldados que cumplen con erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo es un secuestro y demuestra que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Contra los que así proceden, la respuesta es la ley. No aceptamos chantajes contra la autoridad y la ley”, dijo.

Por su parte, el personero de Tibú, Jhon Ascanio, dijo a medios locales que las comunidades decidieron voluntariamente levantar el cerco humanitario y retirarse. Añadió que la tropa fue informada de la decisión.

El municipio de Tibú es uno de los siete de El Catatumbo, cuyos territorios están en constante disputa por grupos armados ilegales que buscan el control de los cultivos de uso ilícito y economías ilegales.

De acuerdo con medios de prensa,  también es la región colombiana con más cultivos de coca (19.334 hectáreas), lo que representa el 13 por ciento de las hectáreas sembradas en Colombia.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) previó la activación de un plan de cultivos y el desarrollo de reformas en el agro colombiano para que las comunidades puedan abandonar los cultivos ilícitos.

Cinco años después de su firma, a finales de 2016, este y otros puntos del documento han sido incumplidos por el Ejecutivo.