Organizaciones de Derechos Humanos de México insistieron este martes en la necesidad de crear la Comisión de la Verdad decretada por un Tribunal, tras la detención de un hombre erróneamente acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El pasado lunes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció la "detención equívoca" de Erick Uriel Sandoval por su supuesta participación en la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.
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La CNDH comprobó que la identidad de Sandoval no corresponde a la del personaje apodado "la Rana" que, según los testimonios de otros detenidos, tuvo una participación central en la desaparición de los estudiantes.
Ante la revelación, diversas organizaciones de derechos humanos afirmaron en un comunicado que el actuar de la Fiscalía "viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto", siendo "un nuevo y preocupante agravio" a las víctimas, señalaron en un comunicado diversas organizaciones.
"comentarles tambien compañeros, decirles que la lucha de los padres, no depende, ni apoya, ni está con ningún partido politico, eso nos queda claro, que los partidos los políticos, son los responsables de tanta desgracia de nuestro pais."#Ayotzinapa pic.twitter.com/F93vP2FsiS
— DuelesMX (@MobilCinema) 19 de junio de 2018
Las organizaciones aseguraron que la información divulgada por la CNDH "confirma la necesidad de acatar la sentencia que ordena crear un mecanismo extraordinario de investigación".
La creación de esta Comisión de la Verdad para el caso Iguala, fue decretada a principios de junio por un Tribunal mexicano ante la presunción de que la investigación oficial "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial", y en la que además se llevaron a cabo "graves violaciones" de derechos humanos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
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El tribunal resolvió que la comisión sea integrada con representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.