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Otras comunidades indígenas y afrodescendientes se han solidarizado con los desplazados de Chocó.

Otras comunidades indígenas y afrodescendientes se han solidarizado con los desplazados de Chocó. | Foto: EFE (Referencial)

Publicado 22 mayo 2018



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La situación con los desplazados del departamento colombiano de Chocó presenta agravantes por el estatus armado y violento de grupos invasores. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció este martes el desplazamiento de 656 indígenas, oriundos del municipio de Bajo Baudó, departamento de Chocó, en el noreste de Colombia. 

Dentro de la zona rural indígena un grupo de docentes y habitantes de Baudó fueron sometidos y violentados por un grupo armado invasor, además hay un saldo de 12 personas retenidas que fueron liberadas horas más tarde. 

El comunicado de OCHA destacó que este movimiento de personas desde la zona fronteriza con Panamá inició el pasado 14 de mayo. 

La OCHA suministró información confidencial de mujeres que fueron violadas y el allanamiento en la comunidad indígena de Puerto Embera del resguardo Pavasa Gello.

Comunidades desplazadas de Chocó, Colombia.

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El informe preliminar de la oficina de la ONU detalló la distribución de los desplazados: 223 pertenecen a la comunidad de Puerto Embera, 229 a la de Puerto Samaria, 103 a la de El Chorro y 101 a la de El Piñal.

Los indígenas colombianos en situación de desplazados se han movilizado a áreas aledañas a sus comunidades de origen. La comunidad indígena colombiana Virudó y las comunidades afrodescendientes Pavasa y Terrón dieron albergue momentáneo a sus coterráneos. 

La Asociación de Cabildos Indígenas Embera Wounaan Katio Chamii y Tuie (Asorewa) también denunció esta situación e hizo un llamado al Gobierno de Juan Manuel Santos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del mundo a que se avoquen a la solución de este conflicto territorial. 

La ayuda solicitada por Asorewa es de índole humanitaria, atención psicológica, social y de protección, seguridad alimentaria, salud y albergue.

El Gobierno de Juan Manuel Santos niega la existencia de grupos armados que han tomado espacios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC) luego de haberse establecido el acuerdo de paz. Las comunidades denuncian el asedio y exigen atención del Estado. 

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