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Durante esta jornada de cese de actividades se garantizará el funcionamiento de la Oficina de Denuncias, Unidades de Turno en las divisiones Penales y Forenses de todo el país.

Durante esta jornada de cese de actividades se garantizará el funcionamiento de la Oficina de Denuncias, Unidades de Turno en las divisiones Penales y Forenses de todo el país. | Foto: @MinPublicoPy

Publicado 11 noviembre 2019





Estos entes gubernamentales se encargan primordialmente de labores investigativas relacionadas a casos de abuso sexual infantil y feminicidio, por lo que exigen no les sea violentado el presupuesto del año entrante.

El gremio sindical Frente Unido del Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial, y la Fiscalía de Paraguay ejecutaron este lunes 11 de noviembre una huelga general en exigencia de aumento de salario y la estipulación de un mayor presupuesto para el venidero año 2020.

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De acuerdo con declaraciones de la vocería de esta coalición sindical, el cese de actividades estima extenderse por un mes, en una estrategia para que el recorte de 27 mil millones de guaraníes, unos cuatro millones de dólares, que fue oficializado por el Estado paraguayo, sea detenido.

Los entes de atención pública de Paraguay informaron que el súbito recorte presupuestario afectaría las labores investigativas, proceso de rigor que sería patrocinado por este dinero restado de la partida de estas organizaciones adscritas al Gobierno de esa nación suramericana.

"El Ministerio Público ya no va a tener más plata para las investigaciones, no hay presupuesto para viáticos, para cubiertas y por eso nosotros queremos que venga la Contraloría a ver si no están desviando los fondos", denunció el secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (Sifetramipar), Odilón Turó.

Asimismo, Turó explicó que esta reducción monetaria vendría además a retrasar la secuencia de atención de más de un millón de causas que manejan estos despachos gubernamentales, así como la desatención de otros servicios que prestan a la colectividad y sus funcionarios.

Los funcionarios exigen una mejoría salarial del 20 por ciento sobre el pago actual, bonificaciones inherentes a sus funciones y la creación de nuevos cargos para fortificar las labores de estas organizaciones de atención pública.


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