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El Ministro Maurate se refirió a los 49 muertos en disturbios registrados desde el 7 de diciembre hasta marzo último.

El Ministro Maurate se refirió a los 49 muertos en disturbios registrados desde el 7 de diciembre hasta marzo último. | Foto: EFE

Publicado 5 mayo 2023



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Organizaciones peruanas de DD.HH. denunciaron que las muertes siguen impunes, por lo que exigen celeridad y transparencia en la investigación.

El ministro de Justicia de Perú, Daniel Maurate, ratificó el jueves en una comparecencia televisiva que cabe la posibilidad de haberse cometido violaciones de derechos humanos durante la represión a protestas sociales en el país.

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En franca discrepancia con el primer ministro, Alberto Otárola, Maurate declaró en una entrevista televisiva que si alguien ve que un policía dispara a un civil (en una manifestación) es evidente que se trata de una violación de derechos humanos.

Por su parte, Otárola descarta rotundamente que el diferendo termine legislado por la Fiscalía y los tribunales, al defender a militares y policías, señalando que cumplen con el sagrado debe de salvaguardar su soberanía.

Maurate se refirió a los 49 muertos en disturbios registrados desde el 7 de diciembre hasta marzo último; el caso de Víctor Santisteban, quien murió por el impacto de una granada de gas lacrimógena disparada por un policía a corta distancia a la cabeza de la víctima.

“En una situación como la que hemos vivido, yo lo que señalé es que, si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que ahí no hay una violación de derechos humanos, la hay”, expresó.

Enseguida el primer ministro reclamó aclaración y al mismo tiempo se apresuró a aclarar que lo dicho por Maurato no era oficial ni podía interpretarse como cargar la responsabilidad de las muertes a policías y militares, a quienes el Gobierno respalda.

Según organizaciones de derechos humanos, las muertes siguen impunes, por lo que exigen celeridad y transparencia en la investigación. Mientras, el primer ministro Otárola indicó que las pesquisas son reservadas y la Fiscalía se ha impuesto un plazo de ocho meses para culminarlas.

Asimismo, señaló que el Gobierno no puede acusar a nadie como culpable, pues eso corresponde solamente al Ministerio Público y el Poder Judicial.


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