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Pese al estado de emergencia, las movilizaciones se mantienen en varias regiones para reiterar sus demandas.

Pese al estado de emergencia, las movilizaciones se mantienen en varias regiones para reiterar sus demandas. | Foto: EFE

Publicado 16 diciembre 2022



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El último reporte del Ministerio de Salud peruano precisó 63 hospitalizados registrados en Ayacucho, Apurimac, Lima, Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Junín.

Las movilizaciones en Perú continúan este viernes para exigir nuevamente el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente, así como el adelanto de elecciones y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

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En esta jornada se informó que ascendió a 21 la cifra de decesos tras la represión policial contra las movilizaciones. Sin embargo, el último reporte del Ministerio de Salud peruano refiere 20 muertos, hasta el momento, registrados en las regiones de Apurimac, Arequipa, La Libertad, Cusco, Junín y Ayacucho. 

Además, notificó sobre 63 personas hospitalizadas ubicadas en Ayacucho, Apurimac, Lima, Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Junín.

Pese al estado de emergencia, las movilizaciones se mantienen en varias regiones para reiterar sus demandas, entre ellas Lima (capital), Junín, Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa.

En Cusco se realizó una velada en memoria de los fallecidos y heridos por la represión policial, mientras que en Arequipa gremios de la construcción civil, el sindicato del magisterio y otros sectores pidieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Además, en la Plaza San Martín de Lima fue reportada la agresión de funcionarios policiales contra una persona que integraba la manifestación pacífica.

En esta jornada, el Congreso de Perú no aprobó la propuesta que planteaba el adelanto de las elecciones para diciembre de 2023, así como la reducción del mandato de la presidenta y de los parlamentarios.

Por otra parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la Junta Técnica de Clasificación determinó el traslado del exmandatario Castillo al penal de Barbadillo.

En un comunicado, indicó que la referida junta está conformada por un psicólogo, un abogado y una asistenta social que, "sobre la base de la resolución de prisión preventiva emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria" decidió que Castillo sea clasificado en el régimen ordinario.

En la víspera, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión. La defensa del exmandatario indicó que apelaría el fallo. 

La crisis en Perú se intensificó luego que el Congreso aprobara la moción de vacancia contra Castillo, el pasado 7 de noviembre, y juramentara como mandataria a Boluarte, quien era vicepresidenta. Esto ocurrió luego que el exjefe de Estado anunciara la disolución temporal del Congreso y convocara a nuevas elecciones para su renovación.


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