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Diferentes sectores sociales guatemaltecos han expresado su rechazo a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

Diferentes sectores sociales guatemaltecos han expresado su rechazo a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. | Foto: Prensa Latina

Publicado 11 marzo 2022 (Hace 5 horas 17 minutos)



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La Ley penaliza con hasta 50 años de prisión el aborto en cualquiera de sus manifestaciones, siendo Guatemala el país de Latinoamerica y el Caribe con más embarazos de niñas menores de edad.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó este jueves al Congreso archivar el Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, el cual recrudece las penas de cárcel por aborto, y prohíbe el matrimonio igualitario, entre otras acciones.

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En una alocución a la nación el mandatario expresó su preocupación por el hecho de que dicha legislación viola la Constitución de la República; además de dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria.

“En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo; y, en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida. No podemos unir una cosa con la otra”, expresó el jefe de Estado de la nación centroamericana.

Quien además soslayó que se comunicó con la presidenta del organismo legislativo, Shirley Rivera, para solicitarle que archive la Ley, y en caso de que la normativa no sea archivada y llegue a su despacho, anunció que la vetará.

Al respecto, Rivera expresó que revisarían una vez más el Decreto. “Lo que vamos a hacer estudiar la iniciativa nuevamente. Todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar. Veremos si en efecto tiene inconstitucionalidades y vamos a proceder como corresponda”, sostuvo la diputada.

Que estipula la Ley

La Ley establece que tiene por objetivo la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer; la libertad de conciencia y de expresión; así como también el derecho de los padres de orientar a sus hijos en materia de sexualidad.

 

Contempla entre sus artículos cambios al Código Penal, entre los que propone el aumento de las penas a cualquier tipo de aborto, independiente de cuál sea, con sanciones que oscilarían entre cinco y hasta 50 años de prisión, sin que estas penas sean conmutables.

Además, plantea que la educación sexual es exclusiva de los padres de familia, imposibilitando a cualquier centro educativo dar orientación sobre este tema; a lo que se agrega la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, e invalida cualquier unión de este tipo.


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