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El presidente Nayib Bukele afirmó que su país tiene un sistema de justicia "totalmente deplorable".
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a la corte constitucional de responder a los intereses de la Asamblea Legislativa al decidir anular el decreto ejecutivo para regular la reapertura económica en el país.
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"Los magistrados (de la Sala de lo Constitucional) claramente responden a quienes los pusieron ahí, porque ellos están donde están porque los diputados actuales los pusieron ahí", afirmó el mandatario salvadoreño en cadena de radio y televisión.
“Los magistrados claramente responden a quienes los pusieron ahí, porque ellos están donde están porque los diputados actuales los pusieron ahí”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/BMAbJ2HkUy
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) August 10, 2020
Bukele sostuvo que los magistrados del máximo tribunal no piensan en la Asamblea como institución, si no en quienes los pusieron en el cargo, y agregó que El Salvador tiene un sistema de justicia "totalmente deplorable".
El presidente dijo que El Salvador es el único país del mundo donde el Gobierno no puede dictar las regulaciones para enfrentar la pandemia.
Según Nayib Bukele la Constitución prevé que el Ejecutivo declare la emergencia cuando la Asamblea no estuviese reunida, pero que si el país sufriera un terremoto el Gobierno tiene que actuar de inmediato, sin esperar por los diputados.
“La Constitución prevé la declaratoria de emergencia por el Ejecutivo cuando la @AsambleaSV no estuviese reunida. Si en este momento hay un terremoto nosotros debemos actuar ya, no esperar a que los diputados discutan por días si hay o no emergencia”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/W0B2HW97rD
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) August 10, 2020
Ante los argumentos expuestos por la Sala Constitucional para invalidar el decreto de reapertura económica, Bukele negó que el Ejecutivo se atribuyera funciones fuera de su ordén.
El viernes, la Sala declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 32,el cual contenía los protocolos sanitarios para garantizar los derechos de las personas a la salud y a la vida en el proceso de reactivación de la economía, durante la pandemia de la Covid-19.
El fallo advierte, empero, que ningún protocolo para combatir puede limitar o suspender, de hecho, los derechos fundamentales de las personas.
Los magistrados dieron de plazo hasta el próximo 23 de agosto para que la Presidencia y el Parlamento se pongan de acuerdo en una legislación sobre la reapertura económica.
