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Con el argumento de evitar la injerencia extranjera en la opinión pública nacional, el Gobierno de Nayib Bukele se encamina a aprobar una ley que, en esencia, permite ejercer control de quién y para qué efectúa donaciones.

Con el argumento de evitar la injerencia extranjera en la opinión pública nacional, el Gobierno de Nayib Bukele se encamina a aprobar una ley que, en esencia, permite ejercer control de quién y para qué efectúa donaciones. | Foto: Twitter @asambleasv

Publicado 17 noviembre 2021



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El proyecto fue avalado por una comisión legislativa pero preocupa que podría ser usada para controlar a la ciudadanía.

Casi medio centenar de organizaciones civiles con presencia en El Salvador firmaron el martes un pronunciamiento tras el aval que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) diera a la Ley de Agentes Extranjeros para que pueda ser votada en el pleno legislativo.

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El proyecto de ley prohíbe y castiga a quienes financien actividades las cuales, de acuerdo al Registro de Agentes Extranjeros, tengan motivaciones políticas, arriesguen la estabilidad política, social o el orden público.

Las organizaciones civiles manifestaron preocupación por la iniciativa presentada por el Gobierno de Nayib Bukele, pues consideraron que traerá graves afectaciones al trabajo de la sociedad civil organizada y a los beneficiarios de proyectos que la misma impulsa.

Valoraron que el proyecto de ley es ambiguo y representa lo que llaman un potencial obstáculo para el desarrollo de programas e iniciativas para la población.

De acuerdo a los firmantes, la aprobación de una ley que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión o libre asociación puede imposibilitar el desarrollo humano, económico y social del país.

Incluso la ONU, a través de Mary Lawlor, relatora especial de Derechos Humanos, dijo que de aprobarse, sería una clara violación de los compromisos internacionales de Derchos Humanos asumidos por El Salvador.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció también recientemente sobre la iniciativa y advirtió que es un intento para aplicar lo que llaman una ley mordaza, dado que incluye disposiciones que justificarían el control abusivo de las autoridades sobre el material informativo.

Con el argumento de promover la transparencia, evitar la injerencia extranjera en la opinión pública nacional y procurar la estabilidad política y económica, el oficialismo se encamina a aprobar una ley que, en esencia, permite al Ejecutivo ejercer control de quién y para qué efectúa donaciones. 

La ley también crea un impuesto del 40 por ciento que los cooperantes deben pagar por ingresar ese dinero a territorio nacional.


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