Tribunal español condena a exviceministro de Seguridad salvadoreño por masacre de jesuitas

La Audiencia Nacional española consideró culpable, este viernes, al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montero, por el "asesinato terrorista" de cinco jesuitas españoles en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador.

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Montero es el primer exalto cargo salvadoreño del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) en ser juzgado y condenado por algunas de las masacres ocurridas en el periodo final de la Guerra Civil del país centroamericano (1980-1992). Montero había sido extraditado a España desde Estados Unidos en 2017.

El juicio no pudo efectuarse por la muerte de las ocho personas masacradas el 16 de noviembre de 1989, ya que la Audiencia Nacional española se considera competente solo para juzgar el caso de los asesinatos de ciudadanos españoles en el exterior.

Cinco de los asesinados por el Ejército en la UCA salvadoreña eran ciudadanos españoles, encabezados por Ignacio Ellacuría, líder de la congregación y teólogo de la "Teología de la Liberación".

El 16 de noviembre de 1989 una unidad de élite del Ejército salvadoreño, el batallón Atláclalt, penetró en la madrugada en el campus de la Universidad Centroamericana y masacró a seis religiosos, una empleada doméstica y su hija de 15 años. En la retirada, dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente del FMLN.

La Comisión de la Verdad resultante de la Guerra Civil estableció la responsabilidad del grupo de militares del Ejército salvadoreño por el asesinato de los jesuitas y las dos mujeres, pero solo dos exoficiales fueron en definitiva condenados y absueltos poco después por una ley de amnistía aprobada en 1993.

Durante el juicio oral, el exteniente René Yusshy Mendoza, quien participó en los hechos aseguró que recibió la orden del "alto mando" del Ejército salvadoreño. Según la versión del testigo, Inocente Montano habría dado la orden, desde el alto mando militar, con la aprobación del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Yusshy Mendoza señaló, de manera explícita, al expresidente Cristiani (del partido Arena), a dirigentes del Ministerio de Defensa (Montano era viceministro de Seguridad Pública) y a jefes del Estado Mayor como los responsables y autores intelectuales de los asesinatos que ejecutó el batallón Atlácatl y al que el exteniente acompañó por orden de sus superiores.

El juicio a Montano llegó después de una controversia acerca de la jurisdicción española para cubrir el caso, por haberse producido en territorio salvadoreño. 

Movimientos sociales salvadoreños y la Universidad Centroamericana de ese país recibieron la condena a Montano con esperanza, por marcar el inicio de la reparación, la verdad y la justicia de las numerosas masacres ejecutadas por el Ejército durante los años de conflicto armado. No obstante, señalaron que "La justicia salvadoreña sigue en deuda".