¿Hay sistematicidad en crímenes contra líderes sociales en Colombia?

Tras los asesinatos de líderes sociales ocurridos en la última semana, son muchas las organizaciones que han denunciado la existencia de una sistematicidad en los homicidios contra los dirigentes, pese a la negación por parte de las autoridades gubernamentales sobre estos hechos.

Este jueves la Comisión de la Verdad presentó un informe realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores.

El informe, titulado Defender la vida, documentó el contexto sobre la violencia contra este sector entre 2002 y 2015 e identificó diez casos emblemáticos de los últimos cuatro periodos de Gobierno (dos de Álvaro Uribe y dos de Juan Manuel Santos) que demuestran que gran parte de los actos de violencia contra defensores de derechos humanos no están directamente relacionados con el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados.

Según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores, y más de 4.300 fueron víctimas de ataques. En los últimos años, estos ataques se han incrementado en más de 100 por ciento.

Factores que evidencian una sistematicidad en el país

Según el texto presentado por el organismo, "las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas", son las causas que impulsan la violencia contra aquellos que desafían el poder de las élites económicas y políticas. 

"No obstante, el conflicto armado se usa como un pretexto para justificar y ocultar este tipo de violencia. Muchas personas defensoras de derechos humanos asesinadas fueron presentadas como guerrilleros asesinados en combate en el marco del fenómeno denominado “falsos positivos”, aunque probablemente hayan sido asesinadas por razones conectadas con su trabajo de defensa de derechos", destacó el comunicado.

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El documento presentó cinco patrones claros de agresión: 

-La represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos.

-La criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal.

-Las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado.

-Las ejecuciones por grupos posdesmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado.

-El uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

Un factor a tener en cuenta dentro de la sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, es el hecho de que en muy pocos casos se pudo establecer la autoría intelectual de los crímenes. De hecho en algunas zonas aseguran que la corrupción viene desde la Policía que se ve manejada por quienes controlan los territorios y les permiten actuar con impunidad.

Además, la mayoría de los homicidios se concentran en zonas o regiones del país con altos niveles de militarización y en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas las conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, megaproyectos viales y minero energéticos y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de la minería ilegal. 

Al revisar la lista de los activistas asesinados, es alarmante el incremento de homicidios de indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunales. 

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Esto evidencia que estas personas realizaban en sus comunidades u organizaciones acciones diversas de ejercicio y reivindicación de derechos, “y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. 

Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron”

Postura del Gobierno ante los hechos

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del Programa Somos Defensores, señaló que si bien es cierto que desde el Gobierno se han hecho esfuerzos para trata de contener el problema, en la práctica los resultados son pocos. 

En este sentido, Sánchez explicó que en el caso de la Fiscalía se ha dicho que se han investigado 170 casos que fueron documentados por la ONU y que, de ese total, el 50 por ciento está esclarecido.

"Nosotros creemos que 65 casos (correspondientes al 50 por ciento mencionado) es una cifra insuficiente sobre todo si tenemos en cuenta que desde el programa hemos registrado al menos 580 asesinatos en los ocho años de Santos", refiere Sánchez.

La funcionaria sostuvo que a la Fiscalía hay que exigirle más y que no es posible que se excusen diciendo que es un problema de recursos o que no tiene el músculo suficiente. Además de las medidas y promesas gubernamentales lo que urge es un cambio en el discurso, el contexto y las instituciones que siguen viendo a las comunidades y a los líderes como un enemigo interno.  

"Si matan líderes no pasa nada. Hay un pensamiento que estigmatiza pues creen que las comunidades siempre han sido funcionales a las guerrillas, las ven como las que siempre se oponen al desarrollo, a las represas, al extractivismo y obvio a los intereses geoestratégicos de los proyectos agroindustriales", afirmó Sánchez.