El relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Bernard Duhaime, divulgó un informe de la visita realizada a Brasil entre el 30 de marzo y el 7 de abril.

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El representante de la ONU, para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, evaluó las disposiciones acogidas por el Estado brasileño para afrontar las violaciones cometidas durante la dictadura militar (1964-1985) en la nación sudamericana.

Asimismo, resaltó que la violencia adoptó las formas del colonialismo, la esclavitud, la dictadura y las presentes instancias de violencia institucional, encaminadas contra los sectores más marginados de la sociedad, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los campesinos.

También resaltó que el daño provocado por la violencia que se experimentó en toda la nación y se ha sentido a lo largo de las generaciones venideras.

En este sentido, fijó la atención en el contexto de las poblaciones indígenas y compartió con representantes del Foro Memoria, Verdad, Reparación Integral, No Repetición y Justicia para los Pueblos Indígenas.

También reprochó la tesis del marco temporal por omitir, en sus palabras, que a varias comunidades las expulsaron de sus territorios durante el régimen militar, hasta 1985, la tesis plantea que del marco temporal, los pueblos indígenas solo pueden tener demarcadas las tierras que ocupaban en 1988, año de promulgación de la Constitución.

El funcionario consideró que es urgente transformar la seguridad pública y requerir responsabilidades a los agentes involucrados en abusos y refirió que la falta de corrección a los responsables, “fomenta y perpetúa aún más estas prácticas”.

Bernard Duhaime, destacó la colaboración de la Comisión Nacional de la Verdad y de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos para conmemorar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Además, destacó que los informes se agruparon en la persecución política, no tomaron en cuenta la mayoría de los crímenes realizados contra los indígenas, principalmente aquellos que no están directamente involucrados en la resistencia al régimen.

“La naturaleza del daño sufrido por sectores específicos de la sociedad no ha sido plenamente documentada, ni ha sido objeto de acciones estatales adecuadamente contextualizadas”, resaltó Bernard Duhaime.

En tanto, el representante mencionó el informe Figueiredo y los archivos del antiguo Servicio de Protección a los Indios (SPI) y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que recogen las masacres, desplazamientos forzados, trabajo esclavo, torturas y desapariciones.

“Muchas de estas graves violaciones a los derechos humanos han ocurrido en el contexto de la expansión de las fronteras agrícolas, de grandes proyectos de infraestructura como carreteras y represas, o como resultado de la extracción de industrias extractivas”, reveló el funcionario de la ONU.

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