«Toda amenaza y ataque contra periodistas y medios de comunicación debilita la libertad de expresión», señaló la Unesco.

La Oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Ecuador condenaron enérgicamente el asesinato del periodista ecuatoriano Patricio Aguilar.

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El crimen tuvo lugar el martes 4 de marzo, mientras Aguilar realizaba una cobertura noticiosa en Quinindé, Esmeraldas.

En un comunicado conjunto, las entidades destacaron que la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas son pilares fundamentales de una sociedad democrática.

«Toda amenaza y ataque contra periodistas y medios de comunicación debilita la libertad de expresión», señalaron. Además, resaltaron la importancia del trabajo periodístico para informar, dar voz a las comunidades en situación de vulnerabilidad, denunciar irregularidades y exigir cuentas a los Gobiernos y las instituciones.

La ONU y la Unesco hicieron un llamado a las autoridades ecuatorianas para que investiguen exhaustivamente y de manera transparente este asesinato, con el fin de garantizar la rendición de cuentas, la eliminación de la impunidad y la no repetición de hechos de esta naturaleza.

También instaron a las instituciones y organizaciones pertinentes a intensificar y articular sus esfuerzos para promover y garantizar la protección de los periodistas, especialmente a través del Mecanismo Estatal de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) conducida por la Sociedad Civil.

En este contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha renovado el estado de excepción en siete provincias y dos cantones del país por 30 días más, con el objetivo de supuestamente garantizar la seguridad pública ante los altos índices delictivos y la criminalidad.

Noboa ha mantenido el estado de excepción durante más de un año en varias zonas del país. Ello implica numerosas restricciones para la ciudadanía y, de acuerdo con denuncias, también es una ventana para violaciones explícitas de los DD.HH.

Esta medida, que se aplica en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez, busca contrarrestar el incremento de la violencia y la actividad de grupos armados organizados.

Horas atrás, la Corte Constitucional ordenó la creación de una comisión para evitar que el estado de excepción se perpetúe, subrayando la necesidad de enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario. La comisión se integrará por representantes del Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

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