Es usual visualizar a la jornada electoral como una fiesta democrática, en la que se celebra el día en el que pueblo periódicamente expresa su voz a través del voto, pero en las presidenciales de Ecuador 2025, mientras se consolida el escenario de la victoria de Luisa González (Revolución Ciudadana) la fiesta da un giro de 180 grados, con la declaratoria de Estado de Excepción promulgada justo la víspera por el candidato Daniel Noboa que, infringiendo la ley, también es presidente.

No se evidencia ningún hecho excepcional sobrevenido en los días electorales, que explique la suspensión de los derechos fundamentales, más bien se vive un momento de acuerdos, alianzas y hasta reconciliaciones, donde fuerzas políticas diversas se han sentado a la misma mesa para consesnsuar una agenda para revivir al país y lo celebran con esperanza.

Para el combate al narcotráfico, que es el leitmotiv de casi todas las acciones del candidato y presidente, ya el mismo declaró al país en conflicto armado interno en 2024 y ha impulsado una recia militarización,  cuyo despliegue se ha conocido, entre otros, por observaciones sobre violaciones de los derechos humanos y hasta ejecuciones extrajudiciales, emitidas por organismos internacionales.

También, para menoscabar a la oposición se ha agudizado el lawfare, la persecución política y mediática no da tregua. En la campaña electoral, con inversiones millonarias, los medios y las redes están saturados de noticias falsas, trolls y experimentos de inteligencia artifical, que recurren al más retrógrado sexismo para mostrar las más lamentables representaciones de la candidata González.  En esa misma línea, sendas tramas ‘judiciales’ y todo tipo de acusaciones mediáticas, están en el escenario para sacar de juego a los liderazgos del movimiento progresista opositor y a las autoridades locales no alineadas, como es el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El decreto 599 promulgado a 24 horas de la ‘fiesta democrática’ por el candidato y presidente Noboa, contradice la doctrina jurídica y las normas internacionales que establecen que los estados de excepción no deben afectar derechos políticos ni procesos democráticos, pero esos son los derechos más vulnerados con la suspensión de la libertad de reunión, la restricción del libre tránsito,  la inviolabilidad de domicilio y otros.

Justo la víspera de las elecciones,  el decreto mencionado suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y estipula la obligación de ‘colaborar’, que apremia a las operadoras de telecomunicaciones y relacionadas a entregar correspondencia, datos e informaciones personales o institucionales a las fuerzas del órden.

Observadores/as electorales muestran preocupación porque la suspensión de los derechos fundamentales, con una cesión de derechos relativos a la participación política, puede incidir directamente en el control electoral de las organizaciones políticas, e incluso afectar la custodia de datos al momento del recuento por parte del CNE. Alertan asimismo sobre el riesgo de que la suspensión de la inviolabilidad de domicilio pueda ser utilizada para allanar sedes electorales y confiscar material electoral de las organizaciones políticas sin autorización judicial previa.

Las declaratorias de estado de excepción, que deberían ser insólitas, son recurrentes en Ecuador, pero preocupa doblemente que suceda el día electoral, pues tiene implicaciones que podrían llegar a perjudicar la legitimidad del proceso.  En los últimos años, todas las elecciones presidenciales se han dirimido con acciones externas, que sesgan la credibilidad del ganador  ¿será que Daniel Noboa esta vez muestra un juego limpio: levanta el estado de excepción y restituye los derechos fundamentales al pueblo ecuatoriano?

EN ESTA NOTA:

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