La relación entre migración y el ejercicio de dominación y control regional por parte de Estados Unidos en América Latina es un tema de vieja data, complejo y de gran relevancia en el contexto geopolítico actual. Estados Unidos ha utilizado la migración como herramienta de presión política para mantener su hegemonía en la región, especialmente en el marco de la competencia con China y Rusia.

La migración se ha convertido en un instrumento de presión política utilizado por Estados Unidos para desestabilizar a gobiernos que no se alinean con sus intereses, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Mediante el apoyo a la oposición y la imposición de sanciones económicas, Estados Unidos busca generar crisis internas que propician la emigración masiva de ciudadanos. Esta situación, a su vez, es utilizada por Washington para justificar su narrativa de gobiernos ineficientes e incapaces de brindar bienestar a sus ciudadanos. De esta forma, Estados Unidos instrumentaliza la crisis migratoria para legitimar sus acciones e incrementar su influencia y dependencia económica y militar en la región.

Un ejemplo claro de esta dinámica se observó en la Cumbre de las Américas (2022), donde Estados Unidos instó a los países latinoamericanos a redoblar esfuerzos para frenar la migración hacia el norte (BBC, 2022). Esta solicitud, que implica una carga económica adicional para la región, busca contener un fenómeno impulsado, en gran medida, por las políticas económicas y militares implementadas por el propio Estados Unidos a lo largo de décadas. La imposición de un modelo económico neoliberal, las intervenciones militares, el bloqueo a gobiernos de izquierda o progresistas y el apoyo a regímenes autoritarios de derecha han contribuido a la desestabilización de América Latina, agudizando la desigualdad, la pobreza y la violencia que impulsan la migración.

En los últimos años, la migración en América Latina ha alcanzado cifras alarmantes, números que los medios de comunicación insisten en resaltar solo para el caso de Venezuela de manera aislada y recurrente.

Pero lo cierto es que la migración es un fenómeno mucho más amplio, da cuenta de los efectos de un modelo económico de corte colonial que empobrece a países del sur y se agrava con las consecuencias de la exclusión, la violencia y el cambio climático, generándose flujos migratorios irregulares que involucran a personas de más de 90 nacionalidades transitando por la frontera entre Colombia y Panamá a través del Tapón del Darién.

Una mirada comparativa puede ayudarnos a comprender mejor el uso mediático que, con tintes de manipulación, genera presión y chantaje como arma política por parte de EE. UU.

La siguiente tabla hace referencia a datos recopilados en estudios y censos realizados entre el año 2015 y 2021. Vale recordar que la migración hacia EE. UU. es un fenómeno dinámico y que los números pueden variar significativamente. Aún con esta aclaración, estos datos nos pueden dar una panorámica del fenómeno.

En 2021, se registraron más de 1.7 millones de encuentros en la frontera sur de EE. UU., con un notable incremento de personas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y, claro, también Venezuela.

Vale resaltar en el caso de Colombia «En 2021, cerca de 855,000 inmigrantes colombianos residían en los Estados Unidos, lo que representa alrededor del 2 por ciento de los 45.3 millones de inmigrantes estadounidenses en general y el grupo más numeroso procedente de Sudamérica», señalan los investigadores Diego Chaves-González y Jeanne Batalova. (Delgado, 2024)

El Factor Geopolítico

En el contexto de una guerra híbrida, la presión ejercida por Estados Unidos en materia migratoria no solo busca controlar el flujo de personas hacia su territorio, sino también usarla como excusa para reposicionar su dinámica militarista en América Latina, una región que históricamente ha sido vista como su «patio trasero».

Es por estas razones que la reciente Declaración Conjunta del Mecanismo Tripartito sobre Migración Irregular entre Colombia, Estados Unidos y Panamá (Cancillería Colombia, 2024) debe ser motivo de preocupación y alerta para el movimiento social y popular de la región. Esta declaración refleja las dinámicas geopolíticas contemporáneas, en las que Estados Unidos intenta reafirmar su influencia en América Latina utilizando la cooperación en temas migratorios como una excusa.

Este enfoque evoca la Doctrina Monroe, que ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar la intervención estadounidense en la región bajo el pretexto de proteger los intereses y la estabilidad de los países latinoamericanos. Además, la mención en la declaración de la lucha contra organizaciones criminales transnacionales podría servir como un pretexto para justificar una mayor intervención estadounidense en los asuntos internos de Colombia y Panamá, así como en la región en su conjunto. Aunque estas intervenciones se presentan como esfuerzos de cooperación, a menudo perpetúan un ciclo de dependencia y limitan la soberanía de los países latinoamericanos.

Es crucial cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta alianza. La historia ha demostrado que intervenciones disfrazadas de cooperación han servido para consolidar el poder de Estados Unidos en la región. Un ejemplo claro de esto es el Plan Colombia, que, en lugar de abordar efectivamente las raíces de los problemas locales, exacerbó el sufrimiento y la violencia en el país.

La migración en América Latina se ha convertido en un campo de batalla geopolítica en el que Estados Unidos busca mantener su hegemonía frente al avance de otras potencias. La instrumentalización de la crisis migratoria, la presión económica y la imposición de una agenda de seguridad represiva profundizan la dependencia y la desigualdad regional, vulnerando los derechos humanos de miles de personas. La construcción de un futuro más justo y equitativo para América Latina exige un cambio de paradigma que priorice la cooperación genuina, el desarrollo sostenible y la soberanía de los pueblos.

En lugar de abordar las causas estructurales de la migración, Estados Unidos opta por externalizar la responsabilidad, criminalizar a los migrantes, militarizar las fronteras y presionar a los países latinoamericanos para que asuman el costo de contener el flujo migratorio. Esta estrategia, que incluye la solicitud de mayores endeudamientos a través de instituciones como el BID, perpetúa un ciclo de dependencia económica y limita la capacidad de los países de la región para invertir en desarrollo social y económico.

Es fundamental entender que la migración no es un problema aislado, sino un síntoma de un sistema global desigual e injusto. La búsqueda de soluciones requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la migración, desde la desigualdad económica y la falta de oportunidades hasta la violencia y la corrupción. Fortalecer la soberanía de los países latinoamericanos, promover modelos de desarrollo justos y sostenibles, y construir una región basada en la cooperación y la solidaridad son pasos esenciales para superar esta crisis humanitaria.

EN ESTA NOTA:

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