El mundo transita una situación límite. Los emporios de telecomunicaciones y las empresas que gestionan las redes sociales se han convertido en megamonstruos económicos y políticos. Funcionan ya como verdaderos Estados.

Elon Musk ha sido “baneado” en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, en una decisión que va más allá de la metáfora de David contra Goliat, a la que le gusta aludir para describir su enfrentamiento con el tecno-oligarca de moda, ordenó que la red social X — propiedad del megamillonario Musk — salga del aire por 10 días en Venezuela.

Desde antes del 28 de julio, Musk no ha parado de amenazar al Gobierno venezolano con usar su poder económico y tecnológico para “restaurar la libertad”. En uno de sus frecuentes excesos verbales, el propietario de Starlink y Tesla fanfarroneó con que él mismo vendrá a poner a Maduro tras las rejas.

En respuesta, Nicolás Maduro lo retó a un choque directo y ofreció el Poliedro de Caracas como escenario para lo que — de darse — sería la auténtica pelea del siglo.

La verdad es que lo que pide el Gobierno de Venezuela es lo mismo que han pedidos otros países a las corporaciones tecnológicas. Que la red social X se haga cargo de los perversos fenómenos que de ella se derivan y que afectan a la población venezolana.

De los delitos de odio, del bullying ideológico, de la agresión constante, masiva y anónima gestionada desde las granjas de bots. De la persecución virtual de las ideas. Lo lógico sería que la red, que Richard Seymour describió como “la máquina de trinar” abra una sede en el país, que tenga personalidad jurídica propia y pueda recibir reclamos de los usuarios, de la sociedad y del Estado. Algo así como: “da la cara X, asume tu responsabilidad”.

Podría decirse que a la red X — que cada día, sin mayores explicaciones, bloquea y banea gente al rededor del mundo — le han dado una dosis de su propia medicina.

Y más allá de que la medida no ha funcionado plenamente porque las grandes operadoras han acatado la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mientras que otras operadoras de internet no lo han hecho, lo cierto es la decisión supone un hito importante en ese campo de disputa entre el poder político y el poder tecnológico. Entre los Estados y las corporaciones.

Los nuevos ciber-Estados

El mundo transita una situación límite. Los emporios de telecomunicaciones y las empresas que gestionan las redes sociales se han convertido en megamonstruos económicos y políticos.

Funcionan ya como verdaderos Estados: con leyes y normas inherentes, sin atender a regulaciones externas; con sistemas punitivos, policías y prisiones propias; moral distendida y ambición desatada. Sin límites ni escrúpulos.

Estados virtuales cuyo poder económico (PIB) supera al de muchas naciones. Hace poco, nos sorprendíamos de que ya países escandinavos estén nombrando su propio “embajador para las redes sociales”, como si se tratara de Estados.

Los nuevos ciber-Estados están en pie de guerra. Se han lanzado en una cruzada global por la dominación del planeta. El poder de sus misiles y su ejército se fundamenta en la enorme capacidad de penetración e influencia de las plataformas.

Lo mismo apoyan revueltas para tumbar gobiernos, que “democráticamente” llevan al poder a líderes neofascistas, a través de sus poderosas estructuras de seducción.

Lo mismo invisibilizan el genocidio en Gaza y persiguen como “antisemita” a todo aquel que ose criticar el más horrible crimen contra la humanidad desde la II Guerra Mundial, que criminalizan a Venezuela posicionando a nuestro país en el imaginario global como un “infierno”. Lo mismo promueven la guerra proxy de EE. UU y la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, que apoyan las provocaciones de Taiwán contra China.

Como vimos en las horas posteriores al 28 de julio, las redes sociales igual impulsan campañas de odio, revanchismo e intolerancia, que glorifican la violencia y el crimen cuando la agresión virtual se convierte en sangre y caos. O descalifican a los Estados cuando estos intentan recuperar la paz pública.

Es la misma conducta en todas partes. Como hacen hoy, al promover la violencia contra los migrantes en el Reino Unido.

Hay que enfrentar las gigantescas estructuras corporativas que actúan sin ley alguna, violando el derecho internacional. Y no nos queda otro refugio que lo público, lo colectivo, el Estado. La capacidad de actuar juntos contra lo que agrede al bien común. En este contexto, el gesto de Venezuela es un signo trascendente, más allá de que, transcurridos los 10 días, lo más probable es que Musk emita un meme burlándose. Eso sí, sin venir al Poliedro.

Vivimos tiempos de insólitos monstruos. Shoshana Zuboff e Ignacio Ramonet han hablado del régimen capitalista de la vigilancia, Yanis Varoufakis del capitalismo en la nube, cuya plusvalía crece con nuestros clics. Byung Chul Han alerta sobre el peligro de la psicopolítica, que acecha a una sociedad explotada por sí misma a través de las “tecnologías del yo”.

«Bondadosas corporaciones»

Esto no es una mera polémica entre un líder político y un megamillonario sionista. Venezuela es blanco de un ataque de naturaleza ciberfascista. Una arremetida gigantesca por parte de las corporaciones tecnológicas globales. Hasta 30 millones de ataques por minuto al sistema informático venezolano, a las plataformas de servicios públicos se reportaron la noche del 28 de julio y los días posteriores. Y la agresión telemática sigue. El objetivo es hacer colapsar el Estado y plantar la idea de que este puede ser sustituido por las «bondadosas corporaciones». Bondad que no pagaremos con bits sino con petróleo, gas, coltán y otros recursos.

Como dice Cedric Durand, dado que las plataformas digitales se han convertido en factores “indispensables”, debemos entenderlas al mismo nivel que las redes de suministro eléctrico, de distribución de agua o las telecomunicaciones. Su gestión está relacionada con los mismos problemas que afectan a las infraestructuras críticas, los trastornos que puede generar a la sociedad su mal funcionamiento.

No solo se trata de las redes sociales. Es necesario investigar lo que están haciendo empresas como Starlink, que opera ilegalmente en Venezuela y de la que se dijo participó el 28 de julio en el sabotaje a la red de transmisión del CNE. ¿Qué están haciendo las corporaciones virtuales con nuestro espectro radioeléctrico, con nuestra soberanía, con nuestras leyes? ¿Aceptaremos que las plataformas impongan el resultado electoral?

Estamos, pues, ante un problema de soberanía. De defensa de lo público frente a las bestias tecnológicas que vienen por nuestros recursos y para lo cual necesitan controlar los sistemas políticos, los gobiernos. Es vital abordar este problema desde una perspectiva integral, actualizando la legislación en telecomunicaciones, el régimen que regula el espectro radioeléctrico y las leyes sobre la responsabilidad social en la comunicación, entre otros aspectos.

Hay que iniciar un profundo debate en la sociedad venezolana. Pedagógico, formativo, propositivo. Que comience en la familia, que transite por escuelas y academias. En medios, redes, calles y paredes. Una amplia discusión en la que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad.

Estoy convencido de que Nicolás Maduro despacharía a Musk antes del tercer round. Pero el nocaut fulminante, definitivo, a sus miserables planes de saqueo debe venir de un potente y colectivo gancho de izquierda. ¿Estamos entrenando lo suficiente?

EN ESTA NOTA:

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