En las profundidades de Colombia, cinco regiones enfrentan una crisis humanitaria que expone las heridas abiertas de un país atrapado entre la violencia, el abandono estatal y el avance del extractivismo y el despojo. Exploramos así las raíces de esta crisis y la urgente necesidad de una respuesta integral que garantice la paz y la justicia en estos territorios.

Desde Arauca hasta el Oriente de Antioquia, comunidades enteras enfrentan la persecución, el desplazamiento forzado y la connivencia entre grupos armados y la fuerza pública. La «Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio» surge como un acto de resistencia en medio de una crisis humanitaria persistente.

Este esfuerzo recorrió los territorios más afectados por la violencia y el abandono estatal en Colombia, comenzando el 23 de julio y culminando el 23 de agosto en Cali con un evento público donde se presentaron informes sobre la alarmante realidad: la expansión del paramilitarismo, la violencia contra líderes sociales y el avance del modelo extractivista en detrimento de las comunidades locales.

La caravana tuvo como objetivo visibilizar, desde los territorios y en la voz de las diversas poblaciones, la profunda crisis humanitaria, el abandono estatal, la escalada del conflicto armado y la complicidad de la fuerza pública en algunos casos con dinámicas paramilitares. Escucharon a las comunidades, documentaron denuncias y apoyaron sus iniciativas para construir una vida digna en sus territorios.

Este esfuerzo colectivo es impulsado por organizaciones sociales de Europa, Estados Unidos y América Latina, que se articulan para amplificar las voces de las comunidades más vulnerables y apoyar sus luchas por derechos y autonomía.

La historia de esta crisis es larga y dolorosa

Desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, se ha observado una fragmentación de los grupos paramilitares que, lejos de desaparecer, han mutado y se han reconfigurado como estructuras criminales con un poder devastador. Estos grupos, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han encontrado en el narcotráfico y la minería ilegal su principal fuente de financiamiento, extendiendo su control a lo largo del territorio nacional con la complicidad de sectores de la fuerza pública, políticos y empresarios.

La Caravana, al recorrer regiones como el Sur de Bolívar y los municipios de San Luis, Granada, El Santuario, así como el Chocó y el suroccidente colombiano, ha expuesto la connivencia entre grupos armados y las fuerzas del orden, una relación que perpetúa la violencia y dificulta la construcción de una paz duradera. Los testimonios recopilados revelan que el desplazamiento forzado, la intimidación y el asesinato de líderes sociales se han convertido en prácticas sistemáticas para mantener el control territorial y silenciar a quienes se oponen al modelo extractivista, que devasta los recursos naturales y destruye comunidades enteras.

La situación es crítica. Las comunidades, abandonadas por el Estado durante décadas, ahora enfrentan una nueva amenaza: la expansión desenfrenada del extractivismo, promovida de la mano de estos grupos armados. Tierras ricas en recursos naturales o estratégicas para la comunicación se han convertido en epicentros de conflictos violentos, donde la vida de los habitantes locales es sacrificada en nombre del «progreso» y el «desarrollo».

En Arauca, la Caravana evidenció la estigmatización, persecución, amenazas y asesinatos de líderes sociales a manos de grupos paramilitares y disidencias de las FARC. Casos como los recientes asesinatos de Manuel Salvador Sánchez y Josué Castellanos reflejan un patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos y luchan por sus comunidades.

Las organizaciones sociales han impulsado proyectos comunitarios como la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, que surgen de la necesidad de acceso a servicios básicos. Este ejemplo de organización, autogestión y proyectos de vida comunitarios, fruto de años de trabajo, es precisamente lo que se busca atacar, perseguir y destruir en la región.

En el suroccidente, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Cauca informó de 397 muertes violentas en el departamento entre enero y agosto de 2024, con Santander de Quilichao como el municipio más afectado. El norte del Cauca también registró un alto número de asesinatos de líderes sociales y más de 5,000 personas desplazadas forzosamente debido al conflicto armado. La creciente amenaza del paramilitarismo agrava aún más la crisis de seguridad en la región.

Esta realidad, a menudo ignorada por el gobierno y los medios de comunicación, ha sido visibilizada por la Caravana en los cinco territorios que visitó, buscando llevar al centro del debate público la urgente necesidad de proteger la vida y los derechos humanos en estos territorios.

Las regiones de Arauca, Sur de Bolívar, Chocó, el suroccidente colombiano y el oriente de Antioquia comparten problemáticas comunes que las han llevado a ser declaradas en crisis humanitaria. En estas zonas, la violencia estatal y paramilitar, el desplazamiento forzado, el abandono institucional y la presión de intereses extractivistas han generado un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad extrema. La falta de acceso a servicios básicos, la criminalización de líderes sociales y la lucha constante por la defensa de los derechos territoriales reflejan un contexto de profunda desigualdad y desprotección. Estas circunstancias, agravadas por el avance del modelo extractivista y la connivencia de grupos armados con la fuerza pública, han creado una situación insostenible que exige una intervención urgente y soluciones integrales para garantizar la vida, la paz y la permanencia en el territorio.

A pesar de la gravedad de la crisis, las soluciones no son imposibles

La Caravana Humanitaria no solo denuncia, sino que también propone un camino hacia la paz. Es necesario un cambio en la política de seguridad del Estado, que debe dejar de ver a las comunidades como enemigas y empezar a protegerlas verdaderamente. La implementación de acuerdos de paz debe ser prioritaria, y los mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos deben fortalecerse y aplicarse con rigor.

La verdad para la no repetición es otro eje fundamental. Los acuerdos de paz y los diálogos con grupos armados no pueden pasar por alto la responsabilidad de estos en la violencia contra las comunidades. Se debe garantizar que los acuerdos incluyan medidas efectivas para desmontar el paramilitarismo, esclarecer la verdad y asegurar la justicia para las víctimas. De lo contrario, corremos el riesgo de darle un nuevo respiro político a una organización que representa la continuidad del paramilitarismo en Colombia.

Finalmente, la participación de la sociedad en estos procesos es esencial. Sin embargo, esta participación debe estar claramente definida y tener un verdadero impacto. La falta de claridad en el alcance y los límites de esta participación puede convertirla en un mero trámite, vaciando de contenido una herramienta fundamental para la construcción de paz. La Caravana Humanitaria nos recuerda que la paz no se construye solo desde las mesas de negociación, sino también desde la movilización y la resistencia de los pueblos que, día a día, luchan por su vida, su territorio y su dignidad.

Este artículo tiene como objetivo no solo informar, sino también llamar a la acción. Es un recordatorio de que la crisis humanitaria en Colombia nos afecta a todos, y que la solución está en nuestras manos. La Caravana Humanitaria por la Vida es un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia siguen siendo posibles.

Nota: El autor es docente investigador universitario, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, Maestría en ciencia tecnología, sociedad e innovación (ITM).

EN ESTA NOTA:

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