Guyana acaba de dar la concesión minera más importante del siglo XXI, luego de la mina de oro de Tocantinzinho en el estado vecino de Pará al noroeste de Brasil, ambas de la empresa canadiense G Mining Ventures cuya afectación ambiental es considerada una de las más graves dada la expansión y profundidad de extracción de mineral precioso, en una región que constituye una de las reservas forestales más importantes del mundo.

La concesión de explotación de  la mina Oko West en la confluencia de los ríos Cuyuní y Mazaruni en un área no precisada de hectáreas boscosas tropicales, pero que cuenta con una inversión de 1.500 millones de dólares de dónde piensan extraer 4,5 millones de onzas de oro en los próximos  12 años, es la continuidad de políticas permisivas del estado Guyanés, sin control ambiental, en desmedro de la calidad de  las aguas de dos principales afluentes del río Esequibo, de las poblaciones indígenas que viven en la región y de la reclamación territorial hecha por Venezuela desde 1966 cuando se suscribió el Acuerdo de Ginebra.

Desde 2017 los pueblos indígenas habitantes originarios de esos territorios han advertido y denunciado al gobierno de Guyana y ante organismo multilaterales, la grave contaminación de mercurio vertido por las empresas mineras igual que la deforestación y desertificación de los suelos, tal y como lo acusa un informe de la Comunidad Arawaio de la villa de Isseneru que destaca una publicación del Forest People Program.

La denuncia tuvo eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, aunque no hubo respuestas para los habitantes nativos de esos territorios que se ven afectados en su “derecho a la propiedad territorial colectiva indígena, y los derechos interconectados a la salud, el agua, la alimentación, la integridad cultural y un medio ambiente sano”. Sin embargo, el gobierno de Guyana ha procedido a entregar concesiones como las de Oko West este primer trimestre de 2025.

Según un estudio del Observatorio Global Forestal (Global Forest Watch) en la región donde se otorgaron las millonarias concesiones a la empresa canadiense desde 2002 hasta 2023, en el Cuyuni-Mazaruni se perdieron 8.580 hectáreas cuadradas de bosque primario húmedo por efecto de la deforestación indiscriminada.

La misma empresa canadiense tiene al sur de Guyana en la amazonia brasileña correspondiente al estado de Pará, el “proyecto aurífero Tocantinzinho, que incluye dos concesiones mineras con una superficie de 12.889 hectáreas, 23 licencias de exploración con una superficie de 76.116 hectáreas y dos solicitudes de licencias de exploración con una superficie de 10.569 hectáreas”, sin embargo, no hay proyecciones para la preservación de la vida humana ni del medio ambiente en el Amazonía.

Desde Venezuela en Guayana, los líderes indígenas Teresita González (Pemón) y José Cascante (Kariña) proponen medidas políticas para el desarrollo económico alternativo de las comunidades indígenas de Guayana Esequiba, “la potenciación de la agricultura y el turismo porque todavía se conservan espacios hermosos de recreación para llevar adelante esta industria» son propuestas que se integran a las políticas de justicia a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos originarios de la región Guayana y la Amazonía como una unidad medio ambiental.

EN ESTA NOTA:

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