La militarización en América Latina ha cobrado un nuevo impulso en el siglo XXI, caracterizado por la injerencia de potencias extranjeras, en especial de Estados Unidos, cuyas políticas de seguridad y defensa han consolidado un sistema de control que compromete la soberanía de los países de la región y fomenta un ciclo de despojo y resistencia en pleno siglo XXI.

Este proceso acelerado por la creciente participación de fuerzas armadas extranjeras y el aumento de la inversión en armamento y tecnología militar, expone un modelo que afecta la estabilidad social, económica y ambiental de América Latina.

Desde hace décadas, la intervención estadounidense en la región ha oscilado entre la imposición de dictaduras militares, impulso y apoyo a regímenes autoritarios, la implementación de bloqueos económicos a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, apoyos a los llamados golpes blandos, inducción al caos en países como Haití, Ecuador, Perú, entre otras.

Estas tácticas, buscan desestabilizar gobiernos que intentan políticas de autonomía y soberanía, y han fortalecido una red de dependencia política y económica en América Latina. Esta “diplomacia del caos” se manifiesta en una sistemática injerencia en los asuntos internos de los países de la región, deslegitimando procesos democráticos y subyugando economías locales a los intereses de potencias externas.

Un Nuevo Paradigma: La Guerra Híbrida e Irregular

En el contexto actual, la militarización no se limita a la ocupación física o a los despliegues armados; se ha transformado en una «guerra híbrida» que incluye tácticas de intervención encubierta y operaciones de guerra irregular que abarcan desde el apoyo a fuerzas paramilitares y criminales hasta el uso de redes de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Tal como se ha documentado en el informe Ríos de Hierro, el flujo de armas desde Estados Unidos hacia América Latina alimenta la violencia del crimen transnacional y permite a los actores ilegales ocupar territorios estratégicos para el control geopolítico y económico.

Sin una regulación efectiva, estas armas —en muchos casos vendidas a las fuerzas públicas de cada país— también terminan en manos de grupos delictivos, exacerbando los problemas de seguridad en toda la región y provocando una dependencia en el gasto militar y en la compra de equipo de defensa de Estados Unidos.

Ahora bien, en el contexto de un nuevo orden multipolar, a través de la «doctrina 2+3» EEUU señala a China y Rusia como los principales rivales a contener, estas realidades se entrecruzan.

No es gratuito que en el marco de la llamada “interoperabilidad” que define como parte de su doctrina el Ejército de los Estados Unidos, se aceleren programas de entrenamiento y ejercicios conjuntos, como el RIMPAC (2024) o el Southern Command (2024), al tiempo que, avanzan con velocidad, acuerdos militares que amplían la presencia de bases militares norteamericanas en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, se alinean los ejércitos de nuestra américa a la agenda militar estadounidense.

Se empuja la región a una posición de confrontación usando a nuestros jóvenes y nuestros recursos en una estrategia que responde intereses extranjeros y no a las necesidades de los pueblos de centro y sur américa.

Contrainsurgencia como Modelo de Estado

Colombia se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la militarización puede transformar no solo las políticas de seguridad, sino también la estructura del Estado.

Bajo la influencia de la doctrina del “enemigo interno”, traducido a “seguridad democrática” promovida por Estados Unidos, Colombia ha evolucionado de una política de seguridad contrainsurgente hacia la consolidación de un Estado contrainsurgente y sus élites insisten por diversos medios en consolidar una sociedad contrainsurgente.

Este enfoque no solo persigue insurgencias tradicionales, sino que también busca desactivar cualquier capacidad de resistencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes son los guardianes de los territorios hoy, codiciados por los intereses corporativos y geoestratégicos.

Colombia, un modelo impuesto que se ha ido exportando al resto del continente a través de los llamados “expertos en seguridad” quienes viajan desde Colombia, como asesores por toda la región.

Militarización y Crisis Climática: Una Sinergia Destructiva

La militarización de América Latina no solo implica un reto de seguridad y derechos humanos; también tiene profundas implicaciones en la crisis climática.

Las operaciones militares y la extracción de minerales como el litio y el cobalto, impulsada por la transición hacia energías “limpias”, representa una amenaza para los territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas.

El Banco Mundial estima que la demanda de estos minerales crecerá hasta un 500% para 2050, poniendo en riesgo la biodiversidad y aumentando la presión sobre ecosistemas críticos. Este modelo extractivista responde a una lógica de acumulación de capital y deja un saldo de degradación ambiental y violencia que afecta profundamente la región.

El impacto ambiental de la industria militar también es significativo. Un informe del Departamento de Defensa de EE. UU. reporta que esta institución fue responsable de la emisión de 58,4 millones de toneladas de CO₂ en 2017, superando las emisiones de algunos países europeos.

Este tipo de militarización, lejos de asegurar la estabilidad, destruye los mismos recursos que sostienen a las poblaciones vulnerables, generando un ciclo de devastación ecológica y dependencia económica.

Propuestas y Compromisos hacia una Paz Sostenible

Frente a esta alarmante realidad profundizadas en el Foro internacional “militarización o paz. Perspectivas de Nuestra Amércia” realizado en la ciudad de Medellín el 22 y 23 de octubre del presente año, se propone un cambio de paradigma hacia una paz regional basada en el Buen Vivir, que priorice la defensa de los ecosistemas, la justicia social y la autonomía de los pueblos.

Las políticas de seguridad en América Latina deben rechazar cualquier acuerdo militar que comprometa la soberanía territorial y subordine los intereses de la región a los de potencias extranjeras. Un enfoque de seguridad soberano requiere fortalecer las alianzas regionales para promover la cooperación y el apoyo mutuo en un contexto de creciente multipolaridad global.

Es vital que los movimientos sociales y populares en la región incorporen en sus agendas la denuncia de la militarización y la defensa de los territorios, impulsando estrategias de resistencia colectiva y exigiendo políticas que prioricen una paz justa y sostenible. Las universidades y centros de educación superior también juegan un papel crucial en esta construcción, al promover investigaciones comprometidas con la justicia social y ambiental y formar ciudadanos críticos y conscientes de los impactos de la militarización en la vida cotidiana.

América Latina enfrenta hoy la urgente necesidad de construir un modelo de desarrollo y seguridad en armonía con la vida y el medio ambiente.

La historia de resistencia en la región es una base sólida para edificar un futuro justo y sostenible, en el cual la paz y la autonomía sustenten una auténtica integración latinoamericana.

Nota: El autor es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, Medellín.

EN ESTA NOTA:

teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.