Los republicanos Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scoot y Johan Barrasso se han encargado de abrir contratos, privilegios y oportunidades a las grandes corporaciones petroleras en Estados Unidos de Norteamérica. Sus estrategias han sido claras en las últimas décadas de guerras; deconstruir a punta de guerras interminables, y construir a punta de prolongados y onerosos contratos.   

 Sus bufetes se han dedicado a la construcción falsa de proyectos jurídicos los cuales son aprobados dentro de un sistema jurídico de expertos en chantajes; el congreso norteamericano, un arma más letal quienes han autorizado el mayor número de guerras, intervenciones, sanciones, y con esto la pérdida de millones de seres humanos.

Todas las sanciones aprobadas desde el Congreso norteamericano han sido peores que cualquiera de las órdenes ejecutivas emitidas desde la Casa Blanca. Su poder es constitucionalmente agresivo.

 Si en algún momento la Casa Blanca quisiera modificar con otro decreto algunas de las sanciones impuestas no podría. Solo podrá modificar sus decretos presidenciales, pero los del Congreso son intocables, esto busca atar daños y si esta sanción proviene del propio congreso será imposible su modificación. Difícilmente lo que apruebe el congreso puede modificarlo un mandatario estadounidense.

Esto hace que la burocratización de sanciones se extienda dentro de un torbellino de soluciones imposibles. El congreso norteamericano garantiza la prolongación de las mismas y es el último paso más inmediato para las intervenciones armadas, guerras, masacres, bombardeos y terror sobre indefensos países. Con esto Venezuela está a un paso de ser invadida.

Sobre Venezuela se ha impuesto un acuerdo económico el cual busca más contratos de los ya existentes. El bloqueo es un negocio y tras él, hay ganancias y posesión de materias primas, todos, convenidos entre los más radicales de la oposición venezolana con los recalcitrantes reaccionarios del congreso en Washington.

 En Estados Unidos donde nada puede ser mejor a la traición son tan iguales a la noche del 28 de septiembre de 1828 cuando intentaron en Colombia asesinar a El Libertador Simón Bolívar. Son la misma huella. Viscerales como el pensamiento aún vivo de Francisco de Paula Santander. Ambos sentimientos se mantienen, son iguales sus formas de odio. Ambos buscan destruir a Venezuela.

 Es la marca del odio político capaz de llegar a todas partes, instalarse y tener sucesores, Washington ha comprobado su desarrollo preparando varios proyectos de leyes, todos contra Venezuela, como la Ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario de Venezuela; Ley AFFECT de derechos humanos en Venezuela y Ley de la democracia en Venezuela.

Así, ahogan y desahucian una nación para justificar su intervención a través de la cobarde asistencia humanitaria. Pero lo peor no queda allí pues las intenciones de poder invadir, ahora, después de las elecciones del 28 de julio del 2024 han introducido tres nuevos proyectos.

 El primero de estos tres proyectos de leyes busca profundizar el ahogamiento contra Venezuela. Se busca penetrar aún más las sanciones. De segundo y en conjunto se estudia una ley que reconozca al candidato derrotado y un tercer proyecto donde se imponga una recompensa pasando de quince a cien millones de dólares para capturar al presidente Nicolás Maduro. 

El mes de septiembre del 2024 quedará en el recuerdo como los días cuando se han propuesto más proyectos de leyes en contra de Venezuela. Los Estados Unidos han convertido sus relaciones internacionales en una pisadera de animales.

En el proyecto de ley de los cien millones, Marco Rubio y el senador Rick Scott buscan cancelarlo con los bienes incautados al Estado venezolano. Esta es una de las recompensas más altas contra presidente alguno. Este claro irrespeto ha roto cualquier precedente de respeto que pudo haber existido a favor de las relaciones internacionales.

Pero esto se extiende aún más cuando ambos senadores han pedido a la INTERPOL que emitan una alerta roja para facilitar lo que está a punto de encomendarse a los cuerpos de seguridad de todo el planeta para que capturen al presidente Nicolás Maduro. Ni Osama bin Laden tuvo tamaña recompensa; estamos frente a un caso único en el planeta.

Otra iniciativa es la llamada “Ley verdad”. Propuesta en esta oportunidad oscura por el senador demócrata Ben Cardin, quien aspira junto a los republicanos “impulsar una Venezuela libre donde la democracia prospere y se respeten los derechos humanos”. Será que el Sr. Cardin no se da cuenta de la violación y asesinatos cometidos por la seguridad de los cuerpos policiales y militares dentro y fuera de EE. UU.

 Con esto pretenden que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano intente bajo la nueva ley reconocer a Edmundo Gonzáles Urrutia como el ganador en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.

Todo este plan se ha concebido después de conversar con María Corina Machado, Cardin le ha propuesto la “condonación de sanciones” a aquellos funcionarios que se deslinden del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que promuevan una transición democrática y donde se permita la “asistencia humanitaria”.

Toda una agresión la cual ha ido desde la confiscación del avión presidencial venezolano hasta pedir invalidar los acuerdos energéticos entre ambos países. Cuando las cosas aparentan mejorar los poderes ocultos se desesperan. Joe Biden no maneja el poder, este está ubicado en el clandestino Estado Profundo.

            El último de estos desaforados proyectos de leyes busca reafirmar las sanciones. Está vez catorce senadores y diputados presentan un proyecto de ley bipartidista el cual reafirma sanciones financieras a entes públicos venezolanos.

            Les encomiendan en este nuevo proyecto a quienes consideren debe enviarse un mensaje claro y alto; “Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Nicolás Maduro”.

Los que se creen el corazón del mundo esta vez tratan de imponer la Ley Valor la cual busca paralizar operaciones en el BCV, PDVSA y criptomonedas. Además, buscan bloquear ante la OEA, BID y FMI cualquier gobierno que Washington considere como su enemigo en Venezuela. Ósea no hay oportunidad para nadie más en el chavismo.

Aparte con cinco millones de dólares han creado un Fondo de Emergencia administrado desde la OEA para instalar en Venezuela sus monitores de derechos humanos y más observadores internacionales como los del Grupo Carter. Esto lo inició Bachelet cuando estuvo al frente de este organismo.

Autoriza a organizaciones no gubernamentales a apoyar proyectos humanitarios de construcción de la democracia, educación, protección ambiental y desarrollo no comercial que beneficien directamente a los sectores del tecnofascismo y extremismo.

Buscan que se bloquee la asistencia exterior de Estados Unidos a cualquier país que brinde asistencia, incluida la asistencia financiera, excepto la ayuda humanitaria al régimen venezolano o de cualquier sucesor que no consideren democrático.

Imponen para que Urrutia como presidente elabore un plan de asistencia económica para que Venezuela sea gobernada democráticamente, y crean la figura de un “funcionario coordinador” dentro del Departamento de Estado para supervisar el desarrollo y la implementación de dicho plan.

Además, este presidente debe presentar un informe al Congreso de EE. UU. que describa las barreras y los objetivos de política sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y una Venezuela gobernada democráticamente. Ósea un gobierno manejado directamente desde el congreso norteamericano, Venezuela el Rancho de los gringos para robarse sin ningún impedimento las riquezas nacionales.

Muchos compromisos para Urrutia quien no quiere saber nada de María Corina Machado. Claramente hay dos gobiernos en Norteamérica; uno en la Casa Blanca y otro radical en el Congreso y Senado en estas tres desgracias de leyes.

Pero también hay dos oposiciones en Venezuela las cuales no se reconocen entre ellas. Las desdichas y los desventurados también marchan por dentro.

Hasta más pronto…

EN ESTA NOTA:

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