Como parte del plan desestabilizador previo a las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela (2024), fue la provocadora y repulsiva actuación de la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y otros exmandatarios de la región. Al ser descubiertos y, negado su ingreso a Venezuela, intensificaron una campaña mediática basada en engaños, difundiendo videos falsos de represión usando imágenes de hace siete años.

Igualmente, parte del mismo libreto golpista la senadora colombiana, Fernanda Cabal, del partido de extrema derecha Centro Democrático, publicó imágenes de supuestas torturas alegando que eran las “pruebas” de la represión del Gobierno de Nicolás Maduro. Las imágenes en realidad fueron tomadas de una película. Esta hostilidad gestada desde ciertos círculos de poder en Colombia contra Venezuela no es nueva. A continuación, un breve recuento.

Desde 2002, la relación entre Colombia y Venezuela ha estado marcada por una diplomacia agresiva, dejando profundas cicatrices en la región. Esta hostilidad, impulsada por élites políticas, empresariales y narco-paramilitares en Colombia, ha contado con el respaldo de Estados Unidos.

La diplomacia de confrontación que se ha practicado desde Colombia ha sido dirigida por una élite política, empresarial y criminal, y ha sido ejecutada por gobiernos de derecha. Esta política ha servido en gran medida a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, con el claro objetivo de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que el gobierno legítimo y democráticamente elegido de Nicolás Maduro ha sido repetidamente atacado con el fin de controlar los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): El Inicio de la Confrontación

Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, la hostilidad entre Colombia y Venezuela se intensificó notablemente. Uribe, un aliado cercano de Estados Unidos, adoptó una postura abiertamente contraria a la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez y a los gobiernos progresistas de la región. Bajo su administración, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) llevó a cabo operaciones encubiertas, incluyendo la infiltración de paramilitares en territorio venezolano, con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Chávez. Estas acciones marcaron el comienzo de una política de agresión constante.

El caso de Rodrigo Granda, un alto dirigente de las FARC capturado en Caracas en 2004, agravó aún más las tensiones. Esta operación, que violó la soberanía venezolana, fue vista por Caracas como un acto de agresión, evidenciando la disposición del gobierno de Uribe para utilizar cualquier medio en su lucha contra el chavismo. Uribe no solo fortaleció los lazos militares con Estados Unidos, sino que también posicionó a Colombia como un peón en la estrategia estadounidense para debilitar a los gobiernos democráticamente electos de la región que se oponían a los intereses de Washington, como fue el caso de Ecuador bajo Rafael Correa, Bolivia bajo Evo Morales, y, por supuesto, Venezuela.

Rafael García, exfuncionario del DAS, denunció un plan que involucraba al entonces director del DAS, Jorge Noguera, y a paramilitares colombianos junto con opositores venezolanos para asesinar al presidente Chávez (Canal1 2009). García afirmó que la conspiración, planeada durante la gestión de Noguera, tenía como objetivo no solo asesinar a Chávez, sino también abrir rutas de narcotráfico en Venezuela (Canal1 2010).

El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018): Un Acercamiento Ambiguo

Juan Manuel Santos asumió el poder prometiendo un enfoque más conciliador en las relaciones con Venezuela. Al principio, intentó distanciarse de la diplomacia beligerante de su predecesor, buscando mejorar las relaciones bilaterales. Sin embargo, este acercamiento fue efímero. A medida que la crisis en Venezuela se profundizaba, exacerbada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, Santos adoptó una postura cada vez más crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro, alineándose nuevamente con los intereses de Washington.

El reconocimiento de la crisis humanitaria en Venezuela, derivada del inhumano bloqueo económico, llevó a Santos a apoyar las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro y a acoger a líderes de la oposición venezolana en Colombia. Aunque no fue tan abiertamente confrontacional como Uribe, la administración de Santos sentó las bases para la intensificación de la hostilidad diplomática bajo su sucesor, Iván Duque. Su diplomacia se tornó ambigua, un intento de mediación que, en última instancia, no logró evitar la erosión de las relaciones bilaterales.  (Univisión Noticias 2015)

El Gobierno de Iván Duque (2018-2022): La Cúspide de la Confrontación

Con la llegada de Iván Duque al poder, la diplomacia hostil de Colombia hacia Venezuela alcanzó su punto máximo. Duque, también un aliado incondicional de Estados Unidos, adoptó una política de confrontación directa contra el gobierno de Maduro. En un movimiento que desató una crisis diplomática sin precedentes, Duque fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, siguiendo la estrategia estadounidense de cambio de mando a su conveniencia. Así mismo se le entregó la administración de la estratégica empresa Monómeros (Itriago y Salazar Castellanos 2021) Estas decisiones unilaterales y abiertamente ilegales exacerbaron las tensiones entre ambos países, llevando a una ruptura total de las relaciones diplomáticas.

En 2019, el famoso concierto en la frontera, organizado con el objetivo supuesto de recaudar fondos para ayuda humanitaria, resultó ser un espectáculo montado que dejó muchas dudas sobre el destino de dichos fondos recaudados. En este evento, Juan Guaidó cruzó la frontera con el apoyo del grupo narco-paramilitares Los Rastrojos, lo que fue denunciado por Wilfredo Cañizares (Cañizares 2019). El episodio de la Operación Gedeón en mayo de 2020, un fallido intento de invasión armada a Venezuela orquestado por mercenarios entrenados en Colombia, puso en evidencia el papel de Colombia como base de operaciones para los esfuerzos desestabilizadores contra Maduro (Pressly 2020).

El papel de Colombia en la crisis venezolana bajo el gobierno de Duque no se limitó a la diplomacia hostil. La crisis en la frontera, las acusaciones mutuas de apoyo a grupos armados y la retórica beligerante, así como una dinámica de calumnias y agresiones basadas en desinformación difundida por medios hegemónicos, culminaron en una situación de hostilidad que afectó a millones de personas en ambos lados de la frontera. La élite colombiana, en su alineamiento con las políticas de Washington, se posicionó como un actor central en la estrategia para desestabilizar al gobierno legítimo y democrático de Venezuela, a un alto costo para la paz y la estabilidad regional.

El Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026): Recuperando las Relaciones de Hermandad

Uno de los grandes logros del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno progresista de Colombia, ha sido restablecer las relaciones de confianza, fraternidad y apoyo mutuo entre Venezuela y Colombia. Petro ha trabajado en la reapertura de la frontera, el restablecimiento de acuerdos comerciales y la dinamización del intercambio bilateral. Además, se ha renovado la cooperación y el apoyo mutuo para resolver los conflictos que enfrentan ambos países.

Venezuela ha vuelto a desempeñar su papel como país garante en los procesos de negociación entre la insurgencia del ELN y el Estado colombiano (Parisi 2022), mientras que Colombia ha ofrecido sus buenos oficios en el proceso de diálogo y negociación con la oposición venezolana, lo que derivó en unas elecciones presidenciales que dieron como ganador al actual presidente Nicolás Maduro Moros (Crouse y Arroyave Velasquez 2024).

Hoy, en 2024, ya en el segundo año del mandato de Gustavo Petro, se espera que esta ruta de consolidación de las relaciones binacionales, basadas en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento mutuo como pueblos hermanos, continúe y se fortalezca, en el marco de una paz regional duradera.

La agresión persiste

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en un video difundido antes de las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, revelaron que fueron contactadas por grupos de extrema derecha venezolana con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Venezuela. Estos grupos –aseguran- les solicitaron realizar atentados contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar contra el presidente y candidato Nicolás Maduro, e infiltrarse en protestas para generar caos en caso de su reelección. No obstante, la organización paramilitar declaró que no se involucraría en asuntos internos de otros países y por ello decidió hacer pública esta comunicación (Latorre 2024).

Este mismo año, el ex paramilitar Salvatore Mancuso confesó que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) recibieron una propuesta para participar en un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al presidente Hugo Chávez. Mancuso afirmó que esta propuesta fue real y que es parte de las verdades que ha revelado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, no ofreció más detalles sobre quiénes realizaron la propuesta ni cuándo ocurrió (Alonso Dorado 2024).

La persistencia en una diplomacia hostil impulsada por élites empresariales, políticas, militares y criminales desde Colombia hacia Venezuela no solo ha fracasado en lograr sus objetivos, sino que ha exacerbado las tensiones y causado un sufrimiento innecesario a millones de personas. Es urgente replantear esta estrategia y buscar caminos de diálogo y cooperación que permitan superar las diferencias y construir una paz duradera en la región. La historia ha demostrado que la confrontación y la desestabilización perpetúan el conflicto y la división, en lugar de conducir a la estabilidad y el desarrollo.

La reciente historia diplomática entre Colombia y Venezuela, y de Colombia en la región, es una crónica de confrontación y desestabilización, impulsada por intereses políticos y económicos que trascienden las fronteras nacionales (Vallejo Duque y Insuasty Rodríguez 2021). Desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta el de Iván Duque, la derecha colombiana, en alianza con Estados Unidos, ha implementado una política de hostilidad que ha contribuido a profundizar la crisis en Venezuela. En lugar de buscar soluciones pacíficas y diplomáticas, estos gobiernos han optado por la confrontación, utilizando a Colombia como plataforma para atacar y desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela.

Ante un orden global cambiante

Marcado por un emergente multipolarismo, la acelerada caída de la economía norteamericana y la expansión de los BRICS+, Venezuela se ha vuelto aún más central, y Colombia, un punto de interés para mantener una política de agresión mediante diversos medios. La preocupación crece ante el avance y posicionamiento de infraestructura militar de la OTAN y el Comando Sur en Colombia, ahora bajo la excusa de proteger los recursos naturales y el Amazonas, lo cual podría anticipar una incursión de grandes proporciones.

Es crucial recordar que la relación entre estos dos países afecta directamente la estabilidad regional. Por ende, una política de hermanamiento podría generar mayor paz, bienestar y crecimiento democrático y económico para América Latina. En este sentido, es esencial destacar el esfuerzo del Gobierno de Gustavo Petro por mantener relaciones fraternales, como bien lo soñaba Simón Bolívar y en consonancia con los postulados éticos de la CELAC, que en 2014 declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Esto también se alinea con la Ley 2272 de 2022, que eleva la búsqueda de la paz a política de Estado en Colombia, un gran logro del presidente Petro que debe seguirse fortaleciendo: una diplomacia para la vida y la hermandad de los pueblos.

Finalmente, es vital que las redes populares, las articulaciones desde abajo, desde los movimientos sociales, campesinos, obreros y urbanos, estrechen lazos de hermandad. Es urgente transformar la cultura de la confrontación, la división y el engaño en una diplomacia popular para la vida, la defensa del territorio y la dignidad de los pueblos, para así impulsar y sostener los cambios necesarios hacia el buen vivir de todas las naciones.

EN ESTA NOTA:

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