Las complejidades de pasiones e intrigas sobre las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela han producido un escarceo que involucra a periodistas, expertos electorales, políticos, académicos y líderes sociales. Así como generadores de contenido que están hurgando, con o sin herramientas, en la legalidad del proceso, en los ribetes técnico-electorales y las implicaciones geopolíticas. Sin faltar los exabruptos diplomáticos de micrófono abierto. En fin, un amasijo premeditado para recalentar redes sociales, primeras planas, editoriales y noticieros de grandes medios de comunicación. Algunas posturas son constructivas; muchas destilan prejuicio y polarización según la ribera ideológica, o simple desinformación. En realidad, a la base de la disputa están grandes intereses foráneos sobre las inmensas reservas petroleras y naturales de ese hermoso país.

El sistema electoral de cada país es único. Corresponde a la realidad de su propia historia y particularidades. Por lo tanto, no hay calcas, sino que debe respetarse la soberanía de cada Estado. El sistema electoral es parte de la evolución democrática de cada sociedad, materializada en el acuerdo político recogido en el marco constitucional y legal. Estas reglas son producto de la correlación política de la sociedad en un periodo determinado. Bajo esas normas, y previo acuerdo, la comunidad internacional implementa misiones de observación o acompañamiento técnico electoral que contribuyen con propuestas sobre buenas prácticas y mejores estándares electorales sugeridos a los Órganos Electorales, para tropicalizar de acuerdo con sus condiciones.

La observación electoral internacional está definida en principios aprobados en sendas resoluciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero su ejecución no está estandarizada; tampoco es generalizada su implementación. Muchos países que pavonean un mayor poder político y económico rechazan implementar esta figura, no la incluyen en su legislación, aunque también enfrentan deficiencias electorales. En ocasiones, países hegemónicos utilizan las misiones de observación como instrumento de presión política injerencista para “certificar” o “validar” resultados electorales violentando la soberanía de otros Estados.

En Venezuela la “Ley Orgánica de Procesos Electorales” (disponible en internet), regula los procedimientos a seguir durante el proceso electoral. Sobre el escrutinio y manejo de actas no establece publicación oficial. Es sobre estas reglas, y el acuerdo político de Barbados sobre derechos políticos y garantías electorales (disponible en internet), mediado por el Reino de Noruega, que la oposición decidió y aceptó las reglas de este proceso electoral.

Entre las garantías electorales están 17 auditorías exhaustivas en las que todos los partidos contendientes acreditan auditores especializados de su confianza, técnicos/estadísticos con sólidos conocimientos informáticos o de computación en lenguajes SQL, Análisis Estadístico, Biometría, .Net Framework 4.0, XML y JSON; muchos con experiencia de anteriores procesos electorales. Entre las auditorías están: el software de máquinas de votación, archivos de configuración, software de totalización de votos, hardware de máquinas, producción de máquinas, infraestructura electoral, despacho de máquinas, puesta a cero en centros de totalización, plataforma de comunicaciones para transmisión de resultados, registro de identificación ciudadana, registro electoral, incluidos datos biométricos, huellas y fotografía de electores, cuadernos electorales (padrones de mesa) y selección de miembros de mesa.

El manejo del proceso lo realizan integrantes de mesa rigurosamente seleccionados mediante sorteo auditado. Están presentes y atentos los testigos partidarios (vigilantes). Al final, durante el escrutinio también pueden estar presentes los electores que deseen, con la única limitación del espacio físico del aula; y está abierto a observadores nacionales o internacionales.

Al ingresar a la “herradura de votación” cada ciudadano es verificado comprobando su documento, huella y fotografía. Al votar en la máquina éste verifica que su voto electrónico coincida con el recibo físico (como en cualquier transacción de cajero automático), lo deposita de conformidad en la urna; registra su firma y huella en el padrón respectivo.

El sistema electrónico incluye la garantía de una exhaustiva auditoría in situ del 54 por ciento de las actas, de las 30.026 máquinas de votación, confrontándolas con los recibos físicos generados por la máquina, que fueron depositados y rigurosamente custodiados durante la jornada. Por su parte, cada testigo exige y recibe copia del acta con el registro de votos y firmas de los responsables.

En definitiva, es el carácter ciudadano, 100 por ciento automatizado, con exhaustivas auditorías, los que certifican la calidad y transparencia de ese proceso electoral, considerado uno de los mejores de nuestra América. Entre las reformas propuestas, está la sugerencia de publicar de manera institucional y obligatoria las actas de escrutinio. Las complejidades son ideológicas, mediáticas y sobre todo políticas, que solo se resolverán mediante el genuino proceso de diálogo soberano entre venezolanos hasta alcanzar la paz.

EN ESTA NOTA:

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