Los prófugos venezolanos Antonio Ledezma y Richard Blanco, ambos imputados en su país, se reunieron en Buenos Aires con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. La reunión precede a la gira de Edmundo González Urrutia, quien es apoyado por algunos ex presidentes latinoamericanos con antecedentes criminales, que pone de relieve la actual agenda de intervención de la extrema derecha internacional en los asuntos de la nación bolivariana.

Los opositores Antonio Ledezma y Richard Blanco se reunieron con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, antes de la visita anunciada de Edmundo González Urrutia. Los tres son solicitados por las autoridades venezolanas por múltiples cargos.

González Urrutia, figura política de extrema derecha, tiene previsto visitar Panamá, Uruguay y Argentina en busca de apoyo internacional. Las autoridades venezolanas han emitido órdenes de detención contra él por cargos que incluyen conspiración, complicidad en actos violentos, falsificación de documentos, blanqueo de dinero e incitación a desobedecer las leyes.

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Sin embargo, en una reciente entrevista el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha distanciado públicamente a su país de estos supuestos planes. "No que yo sepa. Si bien mi apoyo a la democracia venezolana ha sido irrestricto e inquebrantable, no tengo información de que presidentes o ex presidentes latinoamericanos se reúnan en Panamá. Ni desde Panamá ni con la participación de Panamá se está organizando acción alguna para esa fecha", afirmó Mulino.

La reunión en Buenos Aires pone de relieve la activa posición golpista de estas figuras opositoras y el propio gobierno de Javier Milei, en particular de Antonio Ledezma, cuya carrera política abarca décadas de polémicos incidentes en la política venezolana. Como ex gobernador del Distrito Capital Federal y posteriormente como Alcalde Metropolitano de Caracas, el mandato de Ledezma estuvo marcado por hechos delictivos.

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Durante su administración se enfrentó a graves acusaciones, incluida la implicación en un incidente ocurrido en 1975 en la antigua prisión de Retén de Catia, en el que murieron unos 200 reclusos durante una operación conjunta de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana. A principios de la década de 1990, se caracterizó por enfrentamientos con movimientos estudiantiles, que se saldaron con numerosas detenciones durante protestas en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La actuación política de Ledezma en momentos de la historia reciente de Venezuela resalta en el 2002, cuando apoyó abiertamente el golpe de Estado contra el entonces Presidente Comandante Hugo Chávez y posteriormente participó en el paro petrolero que costó a la nación 21.000 millones de dólares en pérdidas. Su mandato como alcalde metropolitano de Caracas (2008) fue polémico por el despido de 2.252 trabajadores y la congelación de las pensiones de los jubilados.

Más recientemente, en 2014, Ledezma estuvo implicado en el plan «La Salida» junto a Leopoldo López y María Corina Machado, una serie de protestas que se saldaron con 43 muertos y más de 800 heridos. En 2015 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) acusado de conspiración antes de huir a Colombia y posteriormente establecerse en España.

Por su parte Richard Blanco, que mantiene una estrecha relación con la ministra Bullrich desde julio de 2024, se enfrenta a cargos penales en Venezuela. La Fiscalía General le acusan de lesiones personales graves e incitación a cometer delitos. Sus problemas legales se intensificaron tras su participación en el fallido levantamiento militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019. Posteriormente, Blanco se refugió en la Embajada de Argentina en Caracas durante casi 40 días antes de huir a Colombia.

Coalición de extrema derecha continúan auspiciando la agenda golpista contra Venezuela

La iniciativa de la extrema derecha continental de promover la gira de González Urrutia, que incluirá el apoyo de ex presidentes afiliados a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), una coalición de extrema derecha que ha intervenido con frecuencia en asuntos venezolanos.

El reciente activismo de la coalición salió a la luz durante un incidente ocurrido el 27 de julio de 2024 en el aeropuerto de Panamá, donde los ex presidentes miembros intentaron entrar sin autorización a Venezuela para servir como «observadores electorales» para las elecciones del 28 de julio.

Sin embargo, estos ex mandatarios arrastran señalamientos de sus propias administraciones:

El ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000) fue condenado en ausencia a 12 años de prisión en 2014 por malversación de fondos públicos. Su presidencia es recordada por la aplicación de políticas neoliberales y el decreto de «feriado bancario» que protegió a las instituciones financieras mientras arrasaba con los ahorros de millones de ecuatorianos.

La panameña Mireya Moscoso (1999-2004) se enfrentó a acusaciones por la desaparición de 23,1 millones de dólares de los fondos discrecionales presidenciales tras dejar el cargo. Su compatriota, Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999), fue puesto bajo arresto domiciliario en 2010 por presunto blanqueo de dinero relacionado con la concesión de licencias para casinos durante su mandato.

El mexicano Felipe Calderón (2006-2012) dejó un legado controvertido que la periodista de investigación Anabel Hernández describió como dejar «México en llamas», al tiempo que se enfrentaba a acusaciones de vínculos con el cártel de Sinaloa. Su predecesor, Vicente Fox (2000-2006), cuya campaña se enfrentó a acusaciones de financiación irregular, vio cómo su administración se veía envuelta en acusaciones de malversación de recursos públicos e investigaciones de tráfico de influencias que implicaban a miembros de su familia.

Entre los casos más recientes figura el del paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), procesado en marzo de 2024 por presunta revelación de secretos de servicio y manipulación de subordinados, entre otros cargos. El colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) se enfrentó a acusaciones de antiguos líderes del Cártel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, que afirmaban haber financiado sus campañas electorales.

La implicación de estas figuras en las actividades de los extremistas venezolanos evidencian la naturaleza del apoyo internacional a los esfuerzos desestabilizadores en torno a la figura de González Urrutia y María Corina Machado.

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