La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó la imposición por el presidente Daniel Noboa, este sábado, del decreto ejecutivo 599, que declara el estado de excepción en varias provincias y municipios del país a pocas horas de la segunda vuelta electoral, donde el mandatario se enfrentará a la candidata del progresismo, Luisa González, a quien las encuestas dan como favorita.

El documento declara el estado de excepción en nueve provincias, entre ellas Quito, por espacio de 60 días, con medidas como cierre de fronteras, restricciones al tránsito, levantamiento de la inviolabilidad de domicilio y prohibición de reuniones.

A través de un comunicado, la Asamblea manifestó que «las medidas dispuestas (…) generan preocupación en tanto los límites al derecho de reunión, afecten el normal desarrollo del escrutinio y alteren el orden democrático y, por tanto, el desarrollo de un proceso electoral transparente, pacífico y legítimo».

Consideró que esas medidas ponen «en entredicho la legitimidad del estado de excepción decretado».

Recordó que, según la Corte Constitucional, «toda restricción a derechos fundamentales, incluso en estados de excepción, debe cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad».
Añadió que las medidas excepcionales, incluso para frenar el crimen organizado, «no deben afectar la integridad, la propiedad ni las garantías fundamentales de las personas».

Revolución Ciudadana: Noboa busca consolidar proyecto autoritario

Por su parte, la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) afirmó que el decreto 599 restringe «derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio y correspondencia», y «genera serias sospechas sobre su verdadero propósito: condicionar el ejercicio democrático y entorpecer el desarrollo de un proceso electoral libre y justo».

Acusaron a Noboa de utilizar la figura del estado de excepción como un instrumento político de control. «¿O es acaso que ante su conato de fraude quiere frenar el derecho del pueblo a protestar?», cuestionaron los parlamentarios.

Recordaron que los dictámenes de la Corte Constitucional respecto al estado de excepción son claros en que no puede afectar la integridad, la propiedad ni las garantías fundamentales de las personas.

Los asambleístas de Revolución Ciudadana consideraron que «el Gobierno de Daniel Noboa insiste en actuar al margen del Derecho y utiliza a las instituciones «para consolidar su proyecto autoritario. Ecuador merece elecciones libres, no bajo amenaza».

CONAIE acusa al mandatario de interferir las elecciones con la venia del CNE

El decreto presidencial también fue rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que consideró el decreto presidencial un intento desesperado por manipular las elecciones, restringir derechos ciudadanos y asegurar el control político mediante el miedo y la fuerza.

Aseguraron que la declaratoria de conmoción interna se impondrá por Noboa a provincias «donde no le favorecen los votos, y se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, la libertad de reunión y el libre tránsito».

Lo catalogaron como «estrategia autoritaria» que «compromete gravemente la integridad del sistema democrático y pone en riesgo la transparencia del sufragio«. Agregaron que este intento de interferir en los comicios se realizará con la venia del Consejo Nacional Electoral.

La CONAIE rechazó esta maniobra. «Alertamos al país y a la comunidad internacional: la democracia no puede ser rehén del cálculo electoral ni del autoritarismo disfrazado de seguridad».

«Exigimos respeto a los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano y un proceso electoral limpio, justo y transparente. ¡Basta de abuso de poder y pisoteo de la democracia!», reza su comunicado.

Las provincias afectadas por el estado de excepción son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en la capital del país, en el cantón Camilo Ponce (Azuay) y en las prisiones.

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