Las organizaciones defensoras de derechos humanos también instaron a incluir en la agenda pública políticas integrales que prevengan la violencia y promuevan el bienestar de los jóvenes en Ecuador.

La inclusión de una polémica pregunta en el debate presidencial de Ecuador 2025, organizado por el Consejo Nacional Electoral, generó el rechazo de 55 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, las cuales manifestaron que ese tipo de enfoques violó la Constitución y contribuyó a fomentar la criminalización de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situaciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

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De acuerdo con las organizaciones, la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?» vulnera la Constitución ecuatoriana, tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Doctrina de Protección Integral de la niñez.

En un comunicado conjunto, afirmaron que este tipo de enfoques fomenta la criminalización de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situaciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

“La formulación de aquella desafortunada pregunta dio vía libre para que más de un improvisado candidato exponga propuestas que, en sintonía con la interrogación, apelaron a discursos arcaicos de mano dura y de represión de derechos, como la pena de muerte (abolida hace más de 100 años), la cadena perpetua o el relajiento de garantías judiciales”, resalta el texto.

Las organizaciones exhortaron al CNE a garantizar debates imparciales y transparentes, y no permitir que estos espacios sean utilizados para perpetuar la criminalización de niños y jóvenes vulnerables del país.

Además, llamaron a la autoridad electoral y a los actores políticos a reflexionar sobre el impacto de esos discursos y a garantizar debates alineados con los principios de derechos humanos, en especial los de la niñez y la adolescencia.

Señalaron que la pregunta en cuestión reflejó una visión reduccionista y punitiva del ente electoral y del Comité de Debates, en momentos en que el país hace frente a «una crisis de seguridad cuya complejidad demanda análisis y respuestas mucho más profundas«.

Consideraron que desvió «la atención de los verdaderos detonantes de la crisis, como la pérdida de capacidad de acción del Estado, el enquistamiento del narcotráfico en la política, el sistema judicial, la policía y las fuerzas armadas, la falta de control de las cárceles, así como la desigualdad, el acceso limitado a oportunidades y la falta de políticas integrales para proteger a niñas, niños y adolescentes en el actual contexto de violencia».

Asimismo, hizo referencia al caso reciente de desaparición forzada de cuatro menores en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, “quienes fueron perfilados racialmente, detenidos y tratados sin respetar ningún procedimiento legal especializado en atención a su edad, además de haber sido tachado de delincuentes sin pruebas”.

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