Las y los ministros, viceministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela declararon, al sostener un encuentro sobre movilidad humana en la ruta norte del continente, que “son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos”.

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“Reconocemos la importancia del diálogo constructivo y respetuoso entre países para una mejor gestión de los flujos migratorios y sus desafíos”, refirió la declaratoria de las autoridades latinoamericanas y caribeñas, quienes hicieron un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego a los derechos humanos.

De igual manera apelan a las legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas, mientras las partes firmantes sugieren la reactivación de las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización”, indicó el comunicado.

De igual manera, al señalar que redoblarán esfuerzos nacionales y la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, países de destino, organismos internacionales, banca internacional de desarrollo y otros socios, para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe, agregaron que “refrendamos nuestro compromiso de promover vías para una migración segura, ordenada y regular entre nuestros países y otros países del continente”.

Asimismo los países reunidos destacaron que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales, afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables.

De igual manera, instamos a su levantamiento alegando que son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen.

“Reconocemos la necesidad de lograr una gestión humana y responsable de los flujos migratorios irregulares, agregaron mientras que exhortan a que esta gestión debe comprender políticas y medidas para fortalecer progresivamente los sistemas migratorios y de protección internacional”, subrayó el comunicado.

De igual manera, agregaron que “se debe brindar asistencia y servicios básicos para personas en movilidad; intercambiar información sobre las características y rutas de tales flujos; así como recurrir a mecanismos de retorno voluntario y asistido de manera digna, ordenada, respetuosa de los derechos humanos y con atención a la reinserción que permita a las personas contar con oportunidades de bienestar en sus comunidades de origen”.

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