Ante las deportaciones masivas, los Gobiernos latinoamericanos han exigido un trato digno y respetuoso para sus connacionales.

Desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, la administración del presidente Trump ha deportado a un total de 4.745 inmigrantes latinoamericanos en situación irregular, según datos recopilados hasta el 5 de febrero de este año.

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Estas cifras reflejan un incremento en las acciones de retorno de personas a sus países de origen, en el marco de las nuevas medidas migratorias implementadas por el Gobierno estadounidense.

Perú, uno de los países afectados, ha recibido esta semana a 130 connacionales en situación migratoria irregular, con lo cual se eleva a 270 el número de peruanos deportados desde el inicio de las políticas más estrictas.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se han coordinado esfuerzos con otras instituciones, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el RENIEC y el Seguro Integral de Salud (SIS), para brindar atención médica, psicológica y social a los retornados.

Además, a través de sus 16 Consulados Generales en Estados Unidos, Perú mantiene una activa comunicación con las autoridades migratorias estadounidenses con el fin de agilizar procesos y facilitar la asistencia a los detenidos.

Por otra parte, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó que entre el 1 de enero y el 6 de febrero de 2025 más de 1.200 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos.

Durante una sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Sommerfeld detalló que estos traslados se realizan en aviones chárter financiados por Washington y, desde el 28 de enero, también se llevan a cabo en vuelos militares.

En el caso de México, principal país de origen de la inmigración hacia Estados Unidos, desde el 20 de enero han sido deportados 14,470 personas, de las cuales 11,379 son mexicanos.

Estas deportaciones han generado preocupación en los Gobiernos latinoamericanos, quienes buscan fortalecer sus mecanismos de atención y reintegración para los ciudadanos retornados, al mismo tiempo que mantienen diálogos con las autoridades estadounidenses para garantizar un trato digno y respetuoso de los derechos humanos de sus connacionales.

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