Ante el supuesto éxito de la medida, organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción.

A pesar de las demandas de organizaciones defensoras de Derechos Humanos por las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas en medio del estado de excepción, la Asamblea Legislativa del país centroamericano aprobó una nueva prórroga de la polémica medida.

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De acuerdo al Gobierno salvadoreño desde la entrada en vigencia del estado de excepción en el año 2022, las cifras de criminalidad y asesinatos se han reducido drásticamente, por lo que una nueva prórroga carecería de sentido.

Sin embargo, el parlamento de El Salvador aprobó extender el régimen de excepción hasta el próximo 4 de febrero gracias a los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.

Según el gabinete de Seguridad del gobierno de Bukele desde que entró en vigor la medida, han capturado a más de 83.900 presuntos pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales.

También argumenta que es necesaria la continuidad de la medida debido a la “existencia de grupos terroristas, que, de no erradicar por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Como parte de la estrategia del combate a las pandillas, la Asamblea Legislativa de El Salvador también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión.

Las autoridades salvadoreñas reseñaron que el país cerró 2024 con 114 asesinatos y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato, ante lo cual el presidente Bukele aseguró que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.

Ante el supuesto éxito de la medida en el país centroamericano, organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción.

También han denunciado que alrededor de 354 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad y policiales salvadoreñas.

Por su parte el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) publicó una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar a 150 personas que alegan fueron detenidas arbitrariamente.

Movir indicó que se presentaron arraigos para “150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que contienen pruebas de su inocencia”. La documentación se entregó el 18 de diciembre a la Presidencia del país y recibió respuesta el 3 de enero de 2025.

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