La política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del Gobierno, continuó durante dos meses.

Organizaciones de derechos humanos pidieron este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato cometidos por el Gobierno de Dina Boluarte entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones miembro en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron con la CPI y presentaron a la CPI un documento donde fundamentaron el asesinato de 49 personas y por los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023.

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“En estos documentos, ambas organizaciones detallan el ataque sistemático al cual se sometió a los manifestantes en Perú, en el cual se recurrió a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres jóvenes e indígenas”, declararon las organizaciones.

Asimismo, insistieron en que aún conociendo de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del Gobierno, continuó durante dos meses.

“Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma. Debido a esto, se ha solicitado a la Fiscalía de la CPI la apertura de una investigación sobre Perú”, subrayaron dichas instancias.

La directora de Aprodeh, Gloria Cano refirió que “se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una de las personas y los patrones de las lesiones: impactos de balas (en torsos y rostros). La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la policía y miembros del ejército”.

“El evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su gran mayoría a población indígena (quechuas y aymaras). El Gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas. Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, valoró la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.

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