Hassenteufel destacó que todos los asistentes firmaron la declaración «sin excepción alguna».

El Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, de manera consensuada, ratificó la fecha de los comicios judiciales para el 15 de diciembre próximo, y rechazó el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que pospone las elecciones en ciertos departamentos en Bolivia.

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Este es uno de los dos resultados obtenidos por los líderes y representantes de los partidos políticos y alianzas con personalidad jurídica en el territorio nacional, representantes de los entes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, así como integrantes del cuerpo diplomático y de entidades internacionales.

“Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del TCP, en el marco constitucional y legal vigente en el país; por lo cual, se rechaza la Sentencia Constitucional 0770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principal fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano”, refiere el primer punto de la Segunda Declaración por la Democracia, pronunciada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel.

Esa resolución, emitida por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declaró inválida la convocatoria para jueces para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando, así como para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El encuentro, promovido por el Tribunal Supremo Electoral, contó con la presencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente, David Choquehuanca; el líder de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el líder de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, en representación del Órgano Legislativo; además, el ministro de Justicia, César Siles, estuvo presente.

Durante la reunión, el vicepresidente, el representante del Órgano Ejecutivo, los líderes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como los representantes de las entidades políticas manifestaron su «apoyo total al Tribunal Supremo Electoral en todas las medidas que se implementen para asegurar las elecciones judiciales completas a llevarse a cabo el 15 de diciembre de 2024».

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones, alcances y tiempos previstos en las elecciones judiciales, los participantes confirmaron «la plena vigencia» de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales del 2024.

A la par reafirmaron “el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas de garantizar la realización de procesos electorales con integridad. esto es, seguros, transparentes, plurales, competitivos y con la más amplia participación ciudadana”.

Además, se determinó en la declaración que el Órgano Ejecutivo tiene la obligación de asegurar los fondos económicos requeridos ya presupuestados para la realización de las elecciones judiciales, además de asumir las autoridades electivas en enero de 2025.

A la Asamblea Legislativa, solicitaron “la emisión de un pronunciamiento inmediato rechazando la Sentencia Constitucional 0770/2024- S4”.

“Considerando las responsabilidades que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral es importante considerar la modificación de la Ley 044 ( Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, Ley N° 044 del 8 de octubre del 2010) incluyendo en sus disposiciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, apunta la declaración.

Este último pacto tiene como objetivo que los miembros electorales, en caso de presentarse el caso, sean llevados a juicio por responsabilidades. Hassenteufel destacó que todos los asistentes firmaron la declaración «sin excepción alguna».

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