Policía brasileña desaloja campamento campesino del MST sin autorización judicial
La policía incendió una de las chabolas construidas por las familias del Campamento Santa María. Foto: Brasil de Fato
25 de febrero de 2025 Hora: 16:15
Las víctimas mantenían un campamento en un espacio público que es disputado por terratenientes locales.
En la mañana de este domingo (23), la Policía Militar (PM) arrestó a 19 individuos en el campamento Santa María, ubicado en la región rural de Nova Olinda (TO). Entre ellos, se encontraban tres mujeres y dos hombres de edad avanzada. La medida fue llevada a cabo por la Patrulla Rural, una unidad de la PM que trabaja en el campo.
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De acuerdo con testimonios de agricultores, la Policía recibió una llamada de un acaparador de tierras local, que afirma ser propietario de la finca Santa María, situada en tierras públicas, en la región de Anajá, donde se encuentra el territorio que el grupo reclama.
La noche previa a los hechos, la fuerza policial recorrió el sitio y profirió amenazas a los residentes. La policía también imputó a los campesinos por llevar armas blancas, tales como cuchillos y machetes, junto a elementos empleados en el día a día de la familia.
«Se requisaron cuchillos que teníamos en la cocina y se los junto con los machetes, azadones y hoces de los hombres», narra una de las ocupantes de nombre Lourdes. Las herramientas fueron confiscadas y para el momento de publicación de esta nota, no habían sido restituidas a sus dueños.
El grupo estuvo recluido durante aproximadamente seis horas en la ciudad de Araguaína, Tocantins. A pesar de que se les imputa de tenencia ilícita, no hay ninguna orden judicial en relación al caso, lo que constituye una acción ilegal del primer ministro.
«Cuando la comunidad solicitó una orden judicial, el sargento respondió que en el estado de Tocantins no había tal orden judicial, que no requerían tal orden», relata un agente de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) que asiste al caso.
Más de 1,5 millones afectados por desalojos
Entre los datos obtenidos en materia de desalojos, una investigación única, realizada por la Campaña Nacional Desalojo Cero y divulgada el miércoles 14 de febrero, revela que más de 1,5 millones de brasileños experimentaron desahucios o desalojos obligados, entre los meses de octubre de 2022 hasta julio de 2024.
Esto implica un incremento del 70% desde octubre de 2022, cuando 898.916 personas se habrían visto afectadas por esta circunstancia. El mapa incluye ejemplos grupales de desalojos obligados, de personas y comunidades completas, que han sido expulsadas de sus viviendas. Estas acciones, incorporan no sólo los casos judicializados, sino también los procesos administrativos promovidos por las administraciones públicas.
Por su parte, Raquel Ludermir, responsable de Incidencia Política en la entidad Hábitat para la Humanidad Brasil, argumenta que el incremento en este lapso, podría estar vinculado con la decisión del Supremo Tribunal Federal de suspender los desalojos y restituciones de bienes contra familias en situación de vulnerabilidad, durante la pandemia de covid-19.
La acción se extendió hasta finales de octubre de 2022. «Hasta ese momento, numerosos casos se encontraban paralizados por dicho fallo judicial. Luego de eso, se liberó y los desahucios retornaron a ser legítimos. Por lo tanto, lo que observamos es un incremento considerable que evidencia la continuación de los procesos judiciales de desahucio y la amenaza de restitución de propiedad, en general», declaró en una entrevista con Agência Brasil y TV Brasil.
Autor: teleSUR - ll - NH
Fuente: MST - Brasil de Fato