Con el veto, esas iniciativas no podrán ser discutidas nuevamente en la Asamblea Nacional hasta dentro de un año.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vetó tres proyectos de ley que habían sido aprobados recientemente por la Asamblea Nacional, con lo cual suman seis las leyes que ha objetado totalmente en menos de un mes.

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Las propuestas legislativas afectadas por su veto fueron: la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, referente al Régimen Especial de Galápagos; la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, y las Reformas a la Ley de Seguridad Social.

A través de un comunicado, la Asamblea Nacional denunció que “por intereses políticos y en consecutiva ocasión, el candidato presidencial, Daniel Noboa, a través de vetos totales, sigue golpeando a las familias ecuatorianas y a los grupos más vulnerables”.

El texto resalta que el objetivo de esos proyectos era “garantizar un envejecimiento activo, digno y saludable, protegiendo y brindándoles una atención de salud eficiente y oportuna; además perjudica a ala población de Galápagos impidiendo mejorar y asegurar condiciones laborales y sociales justas para sus habitantes”.

El pasado 6 de enero, Noboa vetó otras tres iniciativas: la del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, las reformas a la Ley de la Función Legislativa, y las reformas laborales dirigidas a crear empleo para los jóvenes.

Una de las reformas vetadas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, contenía una sanción contra el transfuguismo político, conocido popularmente como «camisetazos».

Esa disposición proponía que los asambleístas que voten en contra de su partido sin previo aviso pueden ser suspendidos hasta 90 días.

Por otro lado, el proyecto de reforma laboral incluía medidas para fomentar la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años tanto en el sector público como privado.

Asimismo, establecía que el 10 por ciento de las plazas de trabajo en las empresas deberían ser ocupadas por jóvenes, sin la aplicación del período de prueba.

Expertos en el tema advirtieron que esta última medida podría generar gastos adicionales a las empresas sin lograr incentivar realmente la contratación de jóvenes.

El tercer proyecto, la Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, proponía que las certificaciones laborales obtenidas por competencias fueran homologables en el sistema educativo formal, pero no considerados títulos profesionales en el ámbito de la educación formal, lo que generó controversia entre los sectores involucrados.

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