Proponen amplio proceso de diálogo político en Colombia ante golpe de Estado

Las propuestas emanadas del foro se enmarcan en la colaboración, la solidaridad, la complementariedad y el respeto mutuo, además de que tienen un profundo sentido de respeto ante principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.

11 de octubre de 2024 Hora: 12:04

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Primer foro político y académico sobre la situación en ese país propone celebrar dichas discusiones entre actores colombianos en Caracas, con mediación de Venezuela, la Celac y países del ALBA – TCP.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este viernes que concluyeron los debates del primer foro político y académico sobre la situación en Colombia, realizado durante dos jornadas en Caracas, cuyos participantes propusieron realizar un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos., que ayude a conjurar el golpe de Estado en marcha contra el presidente Gustavo Petro.

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En un comunicado aprobado durante el encuentro, al que dio lectura el Canciller venezolano, los participantes en el foro emitieron la propuesta de celebrar ese diálogo en la capital venezolana, con la mediación de Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP).

Subrayaron la importancia de ese espacio, «vista la agudización de la crisis» en Colombia, «así como la ejecución de un golpe de Estado, denunciado públicamente por el Presidente Gustavo Petro».

Señalaron que el proceso de discusión política con mediación de Venezuela devendría «continuidad de los esfuerzos realizados por la Revolución Bolivariana en los procesos de diálogo de paz con los diferentes grupos armados y el Gobierno de la República de Colombia, que permitan avanzar a hacia la estabilidad en este hermano país».

Los participantes en el foro propusieron «invitar a la presidenta Xiomara Castro, en su carácter de presidenta Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), a efectos que aporten sus buenos oficios en este proceso de diálogo y se promuevan conversaciones que tiendan a construir las vías hacia el respeto a la soberanía popular que garanticen el bienestar pleno de Colombia».

El comunicado detalla que «las discusiones realizadas en este foro también han llegado al consenso de la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y Colombia, las cuales han tomado una dinámica positiva desde su relanzamiento hace dos años con la llegada del Gobierno del presidente Petro«.

«Finalmente, se ha acogido con beneplácito la propuesta de la amplia comunidad de colombianas y colombianos en Venezuela, constituida por millones de migrantes, de incorporarse a las iniciativas propuestas por este foro, el cual ha sido realizado invocando los más nobles principios de solidaridad entre los pueblos bolivarianos«.

A través del comunicado se enfatizó que estas propuestas «se enmarcan en la colaboración, la solidaridad, la complementariedad y el respeto mutuo», además de que «tienen un profundo sentido de respeto ante principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la libre autodeterminación de los pueblos, con el interés de colaborar con Colombia y no cometer injerencia».

Gil comentó que en el foro participaron alrededor de 60 personalidades y colombianos residentes en la patria de Bolívar y Chávez. Añadió que las propuestas fueron entregadas al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Días atrás, el presidente Gustavo Petro denunció un golpe de Estado en marcha, luego de que el Consejo Nacional Electoral asumió competencias que no tiene y decidió abrir una investigación contra el jefe de Estado por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

Según expertos, esta maniobra política viola la Constitución, no respeta el fuero presidencial, se perpetra dos años después de la investidura de Petro y se comete por magistrados cuestionados, que representan a partidos políticos y sectores de poder opuestos a un cambio en Colombia.