Tras un largo proceso de debate, la Asamblea Nacional de Panamá otorgó una segunda discusión al proyecto de ley 163 que modifica la Caja del Seguro Social (CSS).

La población de Panamá continúa expresando su rechazo a la modificación de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social (CSS) por múltiples motivos, entre los que sobresalen las inquietudes acerca del efecto en las prestaciones de los afiliados, la potencial privatización de servicios y el miedo a una gestión poco transparente de los recursos.

Estas reformas, promovidas por el Gobierno, han provocado un extenso debate y movilizaciones sociales, que incluyen manifestaciones y paros, encabezados por sindicatos, entidades sociales y la población en su conjunto.

Dicha propuesta de reforma, promovida por un sector de los legisladores de Panamá, plantea una transformación importante en su sistema de pensiones, que migra desde un sistema mixto (instituido en 2005), hacia uno fundamentado en cuentas individuales.

Este cambio implicaría que el 10 por ciento de los fondos de la Caja del Seguro Social (CSS) sea destinado directamente a las cuentas individuales de los afiliados, en lugar de mantenerse en el sistema colectivo actual.

Este 10 por ciento de los fondos representa aproximadamente una inversión de más de 10.000 millones de dólares, directamente a la banca privada y el resto se estaría entregando a bancos estatales como el Banco Nacional y la caja de ahorro. Ésta acción le resta potestad directamente a la CSS al momento de realizar sus propias inversiones.

En este mismo contexto, existe un fondo que ha estado en la mira de algunos sectores financieros nacionales e incluso internacionales. Cabe recordar que esta propuesta de reforma impulsada desde el gobierno de Panamá, se escuda en la necesidad de salvaguardar el grado de inversión panameña y el sistema financiero, lo que no cuaja con la necesidad de una reforma real al Seguro Social.

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No se puede soslayar que de manera simultánea a los debates de la Asamblea, también se están oponiendo los movimientos de trabajadores del país del Canal, tanto los sindicados como no sindicados, junto a otros movimientos como el de profesores. Al respecto, ya fue anunciada una huelga, junto a las protestas, tan pronto el último debate parlamentario sea sea aprobado.

Para el tercer debate se tiene previsto que la bancada del Gobierno obtenga más de 40 votos en la Asamblea Nacional, junto a una coalición de partidos políticos que hacen vida dentro, como el partido Cambio Democrático y otros escaños electos por libre postulación, que también forman parte de esta coalición.

Principales inquietudes y reproches que plantea la reforma, ante la posible disminución de los recursos en la CSS

La distribución del 10 por ciento de los fondos a cuentas individuales podría debilitar económicamente a la CSS, impactando su habilidad para satisfacer los compromisos presentes y venideros, tales como pensiones, asistencia sanitaria y otros programas de beneficio social.

Esto podría provocar un déficit en el sistema, particularmente en un escenario donde la población se envejece y la cantidad de empleados activos que contribuyen a la seguridad social se reduce.

Potenciación de privatización

Numerosos detractores perciben esta reforma como un avance hacia la privatización del sistema de pensiones, lo que podría favorecer a corporaciones financieras privadas en perjuicio de los miembros.

Hay miedo de que las cuentas individuales puedan exponer a los empleados a los peligros del mercado, tales como variaciones económicas o inversiones inadecuadas, lo cual puede resultar perjudicial.

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