Después de que el Gobierno nacional realizara un total de 200 despidos notificados el pasado jueves 16 de enero, el CELS se presentó ante el Poder Judicial para que se dicte una medida cautelar.

Luego de que el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, dispuso la intervención del hospital de Salud Mental Laura Bonaparte argumentando ¨exceso de personal para cumplir las tareas¨, el Poder Judicial de ese país autorizó analizar el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la crítica situación en la quedaron los servicios del centro sanitario.

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Después de que el Gobierno nacional realizara un total de 200 despidos notificados el pasado jueves 16 de enero, el CELS se presentó ante el Poder Judicial para solicitar la habilitación de la feria y que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios.

El centro sanitario perdió a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros.

Trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, el único sanatorio de salud mental dependiente del Estado nacional, denunciaron que la intervención del Gobierno de Milei por supuesta “sobredotación” de profesionales es una excusa para vaciar la institución.

De acuerdo con CELS, la decisión forma parte de las políticas de ajuste del Gobierno de Milei, que provocaron una “reestructuración” dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, que contempló el despido de 1.400 profesionales.

Asimismo, uno de los argumentos utilizados por la Administración actual para intervenir en el hospital es que ¨el hospital atendía a pocas personas¨.

Según CELS, esto es un argumento alejado de la realidad, ya que el hospital atendió más de 100.000 consultas de manera ambulatoria. Entre ellas hay 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias.

La decisión tomada por Milei incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental.

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