El músico británico aseguró que investigará a fondo lo sucedido con el caso y se solidarizó con el exmandatario del Perú, quien se encuentra estable tras sufrir una leve deshidratación por huelga de hambre.

Con un mensaje publicado en plataformas digitales, el músico, compositor y activista británico Roger Waters, cofundador de la banda de rock Pink Floyd, manifestó su preocupación por el estado actual del expresidente peruano Pedro Catillo, así como la desatención internacional sobre la situación del líder político, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo mientras enfrenta un juicio oral por presunta rebelión y abuso de autoridad.

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De acuerdo con Waters, los intereses económicos de los grupos de poder en Perú le quitaron la presidencia del país al líder sindical indígena y lo llevaron a la cárcel. En tanto, manifestó que la voz de Castillo es poco probable que se escuche en la nación sudamericana y por eso el exmandatario llevó a cabo una huelga de hambre que recién le provocó una leve deshidratación. 

El activista afirmó que iniciará una investigación a fondo para averiguar todo lo que pueda y superar la visión de los medios occidentales sobre el caso. Asimismo, convocó a quienes se preocupan por los derechos humanos y por los pueblos indígenas de Perú, a quienes Castillo representó desde el Ejecutivo, a sumarse al empeño a fin de esclarecer los hechos. 

Desde la cuenta oficial de Pedro Castillo en X, compartieron el video de Waters junto a un mensaje de agradecimiento por la solidaridad del artista y por su respaldo a la lucha por lograr la libertad de quien ocupó la presidencia del Perú de julio de 2021 a diciembre de 2022.

Roger Waters destacó el hecho de que un líder sindical indígena, de izquierda, fuera elegido para asumir el Ejecutivo “en un país extremadamente derechista, donde casi todo el poder está en manos de los más ricos”. Al mismo tiempo, señaló que su mandato no duró mucho, porque Castillo intentó reorganizar el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022, “desde cuando ha languidecido en prisión”, agregó.

Actualmente, la Fiscalía solicita 34 años de prisión, inhabilitación de tres años y seis meses, así como una reparación civil de unos 17 millones de dólares para el exmandatario, quien es víctima de una guerra judicial en su contra, y desde que inició su Gobierno fue boicoteado para impedirle avanzar medidas que favorecían al pueblo y le quitaban el poder a los oligarcas.

Ante las trabas del Congreso peruano para implementar medidas de interés popular, Castillo intentó disolver el órgano legislativo el 7 de diciembre de 2022. En consecuencia, los legisladores lo destituyeron y juramentaron a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria.

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