La situación legal del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se ha vuelto más compleja esta semana tras dos decisiones judiciales clave. Este jueves un juzgado de Bogotá rechazó un intento de su defensa para apartar a la jueza que lleva el caso por presunto soborno a testigos, lo que permitirá la reanudación del juicio.

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Se trata del Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, el cual declaró «infundada» la recusación presentada por la defensa de Uribe contra la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, magistrada a cargo del proceso por soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente está acusado de presionar testigos para que retractaran testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares.

La decisión judicial, celebrada públicamente por el senador Iván Cepeda (opositor y principal denunciante del caso), señaló que no había evidencias de parcialidad por parte de la magistrada. Por el contrario, destacó que su actuación ha sido equilibrada y garantista. En redes sociales, Cepeda afirmó: «Esperamos que se reanuden pronto las audiencias y que la defensa no siga con maniobras dilatorias».

Este fallo allana el camino para que el juicio oral —que lleva años en etapas preliminares— avance finalmente hacia su fase decisiva. Sin embargo, el juicio podría quedar en la nada dado que en octubre el proceso prescribe. Uribe, quien ya enfrentó arresto domiciliario en 2020 por este caso, insiste en su inocencia y denuncia una presunta «persecución política».

RECUSACIÓN INFUNDADA

El Juzgado 55 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá declaró infundada la recusación interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. La decisión deja claramente establecido:

1. No se… pic.twitter.com/UJ7NhWxTSH

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 27, 2025

Causa por financiamiento ilegal de campaña

En un golpe adicional, la Corte Suprema anunció el 26 de marzo la apertura de una investigación contra Uribe por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Senado en 2018. El caso gira en torno a una donación «en especie» de 20 millones de pesos (unos USD 5,000 al cambio actual) realizada por el piloto Samuel David Niño Cataño, vinculado al narcotráfico y cuyo paradero es incierto —su familia lo considera desaparecido, mientras versiones no confirmadas señalan que habría muerto en 2019—.

El magistrado César Augusto Reyes, encargado del caso, ordenó recabar pruebas para determinar si el dinero fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y si su origen era lícito. La investigación podría ampliarse, dado el historial del presunto donante. En adelante, la Corte Suprema tiene 60 días para recopilar pruebas antes de decidir si formaliza cargos.

Uribe ha criticado previamente a Reyes, acusándolo de parcialidad por su pasado en la USAID durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Sin embargo, la Corte sostiene que el proceso sigue los protocolos legales.

Estos desarrollos judiciales ocurren en un contexto de polarización en Colombia, donde Uribe sigue siendo una figura influyente como líder del Centro Democrático, e incluso a manifestado sus intenciones de integrar la fórmula presidencial de cara a las elecciones previstas para el próximo 8 de marzo de 2026

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