La Junta Directiva de la organización indígena de los 48 Cantones expresó su oposición a la detención de los exauditores indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes fueron acusados el pasado miércoles de delitos como asociación ilícita, instigación a delinquir y terrorismo, entre otros.

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La captura se llevó a cabo luego de que Pacheco y Chaclán exigieran la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y defendieran los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia, así como a 340 corporaciones municipales y 160 diputados al Congreso de la República.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado informó que la orden de arresto también incluía cargos por obstaculización de la acción penal y obstrucción de justicia, en virtud de las acusaciones del Ministerio Público.

Frente a las imputaciones del Ministerio Público, tanto la Prensa Comunitaria como la Directiva de los Cantones han manifestado que hasta el momento no se han establecido estrategias claras para respaldar a Pacheco y Chaclán.

«Por ahora no hemos tomado ninguna decisión, pero los pueblos no se quedarán en silencio; continuaremos luchando por nuestros derechos«, fueron algunas de las declaraciones de Leticia Zapeta, actual vicepresidenta de la Junta.

A esta ola de protestas se han unido el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En un comunicado emitido el pasado 23 de abril, los 48 Cantones afirmaron que las órdenes de aprehensión tienen como propósito «enviar un mensaje contra los Pueblos Indígenas y cualquier individuo o grupo que, ejerciendo uno de los derechos fundamentales en una sociedad verdaderamente democrática, recurre a la manifestación tras haber agotado previamente otros recursos y vías».

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