Senado argentino retoma tratamiento a Ley Bases de Javier Milei

13 de mayo de 2024 Hora: 22:22

El Senado de Argentina retomó este lunes el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal del Gobierno de Javier Milei, luego de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado.

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Al ser discutida el megadecreto por las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky señaló que la ley “viola el principio de no regresividad de las leyes” y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Algunos senadores cuestionaron la privatización de los medios públicos y otras políticas de la Ley Bases. Entre tanto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer quien fue el primero en exponer en la segunda semana de debate de la Ley Bases en el Senado, criticó el peligro del trabajo informal.

“Esto es lo que más grave tiene este proyecto de ley porque en vez de avanzar de una manera adecuada a lo que se pretende, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo lo mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal a la informalidad”, sostuvo Daer.

Sobre el fondo de cese laboral señaló que, cuando se habla de pago único, “estamos ante la posibilidad de que esto termine siendo un desfinanciamiento absoluto de la seguridad social si en la reglamentación se termina poniendo un valor nominal para la jubilación, uno para la obra social, uno para el PAMI y no se hace proporcional”.

Grave. Mientras comienza la discusión de la ley bases en el Senado, la principal fuerza opositora de Diputados, denuncia que modificaron el texto de la ley al girarlo. Le cambiaron montos, palabras y lo giraron al Senado. pic.twitter.com/2g7xGZHFwK

— Carina López Monja (@Carinalopezm)
May 7, 2024

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, refirió que la Ley de Procedimiento Administrativo incluida por el Ejecutivo en la Ley Bases, parece orientada a habilitar “negocios inmobiliarios” de privados con bienes del Estado.