La empresa angloperuana Southern Peaks tiene planes para explotar metales preciosos en el corazón del sistema hídrico.

En 2016, el Ministerio de Energía y Minas de Perú aprobó el proyecto minero «Ariana», que permitirá a la empresa angloperuana extraer cobre y zinc de aproximadamente 732 hectáreas situadas muy cerca de las lagunas que abastecen de agua a los residentes de Lima.

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Ante el desarrollo de este proyecto, Sedapal, la empresa pública responsable del suministro de agua en Lima y Callao, elaboró un informe en el que advirtió que la actividad minera en esta zona podría comprometer el abastecimiento hídrico.

Como consecuencia, en 2019 se interpuso una demanda de amparo con el objetivo de anular los permisos de extracción otorgados tres años antes.

Desde entonces, el proceso judicial ha sido extenso, pero se ha establecido que existe un riesgo potencial de desabastecimiento.

Se espera que el próximo 7 de marzo un juez tome una decisión sobre la continuidad o anulación del proyecto.

Varios activistas han manifestado su preocupación al respecto, como Samuel Yáñez, miembro del Frente de Defensa del Agua, que instó a las autoridades a considerar en su evaluación a los 11 millones de habitantes afectados frente a los intereses económicos del proyecto Ariana, enfatizando la necesidad de priorizar la vida.

Por su parte, la empresa angloperuana Southern Peaks tiene planes para explotar metales preciosos en el corazón del sistema hídrico y ha contado con el respaldo de las autoridades gubernamentales desde la concesión del permiso.

«Poner en riesgo la capital, a pesar de los informes que advierten sobre las consecuencias, es inaceptable», destacó Paul Maquet, miembro de la organización Cooperación, quien además declaró que «es responsabilidad del Estado suspender este proyecto, aunque en los últimos cinco o seis años ha defendido obstinadamente su viabilidad».

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