Las autoridades reconocen que la extracción de oro en este cantón es disputada entre miembros de grupos delincuenciales conocidos como Los Lobos y de su facción, Los Lobos Box.

La Policía Nacional de Ecuador reportó el martes que cinco muertos y tres heridos es el saldo preliminar de una nueva masacre acaecida en el cantón Camilo Ponce Enríquez, considerado el más violento de la provincia ecuatoriana de Azuay, lo que presuntamente obedece a una disputa entre grupos armados organizados.

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El hecho ocurrió en la mina Las Lomas, del sector Tama, ubicada en las cercanías de la cabecera cantonal. Según fuentes militares, el intercambio de disparos se prolongó por casi una hora, tras lo cual se encontraron en el sitio armas de fuego, municiones y algunas estructuras quemadas.

Por su parte, la Policía indicó que, en coordinación con el llamado Bloque de Búsqueda del Gobierno Nacional, realizará las «investigaciones para esclarecer las causas y capturar a los responsables de este hecho», el sexto de este tipo reportado en la zona en lo que va de 2024.

En otras ocasiones se ha notificado el hallazgo de cuerpos incinerados y decapitados en las minas, como ocurrió el 24 de junio, cuando moradores alertaron sobre el abandono de dos cadáveres en La Independencia. Tres días después, se confirmó que ocho cuerpos fueron incinerados en la mina Estrella de Oro.

Las autoridades reconocen que la extracción de oro en este cantón es disputada entre miembros de grupos delincuenciales conocidos como Los Lobos y de su facción, Los Lobos Box. La Cámara Nacional de la Minería indica que en este cantón, de unos 25 000 habitantes, existen al menos 250 minas de las cuales solo 80 son legales.

De estas, cerca de 50 sufren extorsiones, pues los administradores o propietarios son obligados a pagar entre 100 y 20.000 dólares mensuales, o a entregar el 30 por ciento de su producción para continuar operando. La actividad minera despuntó en las montañas de Ponce Enríquez, en la década de los años ‘90.

De acuerdo a datos ofrecidos por los uniformados, grupos armados empezaron a incursionar en el negocio alrededor de 2021 y para finales de 2022 se adueñaron de los negocios mediante intimidación, extorsión, secuestros, torturas y asesinatos contra mineros y comerciantes.

La violencia se ha enseñoreado de tal manera de la zona que, desde principios de este año, la oficina técnica del Ministerio del Ambiente, encargada de los controles en la región, confirmó en un comunicado que suspendía sus operaciones en la localidad por temor a represalias.

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