El 5 de enero fue el inicio oficial de la campaña electoral en Ecuador de cara a los comicios generales del 9 de febrero. Dos mujeres y 14 hombres se enfrentan para llegar a Carondelet y liderar el país los siguientes cuatro años.

Ecuador llega a las elecciones de este 9 de febrero en medio de tensiones que atraviesan de forma transversal la estabilidad de la nación. Situación que se ha deteriorado a lo largo de los tres últimos gobiernos, todos de corte neoliberal: Lenin Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa; quienes precedieron a una década en la que gobernó el expresidente Rafael Correa, cuya candidata se enfrenta por segunda vez a Daniel Noboa, quien en una artimaña ilegitima llega como candidato y presidente a las elecciones. Este es un balance de la situación en la que recibirá el país el siguiente Mandatario o Mandataria.

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Inestabilidad política y argucias constitucionales: el Ecuador de los últimos ocho años

Después de que el expresidente Rafael Correa liderara el país por una década, el mayor período de gobierno de un presidente elegido popularmente en Ecuador, la nación enfrentó nuevamente inestabilidad política. Esta tuvo su primer estallido durante el gobierno de Lenín Moreno, con el levantamiento indígena de 2019, marcado por el rechazo popular a las políticas neoliberales impulsadas por Moreno, quien llegó al poder de la mano de Correa y luego lo traicionó. El Paro Nacional de octubre de 2019 tuvo como detonante la eliminación de las subvenciones al combustible, fueron once días de manifestaciones que dejaron nueve víctimas mortales en el marco de la represión de la fuerza pública contra las movilizaciones, acto catalogado como crimen de lesa humanidad que fue ejecutado por María Paula Romo, en ese entonces Ministra de Gobierno de Moreno.

La denuncia se presentó con base en el Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia sobre el paro de octubre de 2019. Según ese documento, la administración de Moreno presuntamente perpetró 249 vulneraciones a los derechos humanos durante el paro.

Lasso: la continuidad de Moreno

Al gobierno de Moreno le siguió el del banquero Guillermo Lasso en 2021. La gestión de Lasso, marcada por una ideología de derecha, dio continuidad a las reformas implementadas por Moreno, lo que derivó en un nuevo levantamiento popular, el más largo en la historia de Ecuador, con una duración de 18 días, que se desarrolló en junio de 2022. Este Paro Nacional estuvo liderado por el movimiento indígena, encabezado por Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, también candidato para los comicios de febrero de 2025.

Aunque las tensiones sociales y la represión de la fuerza pública, que dejaron al menos siete personas asesinadas en el contexto de las protestas, seis civiles y un militar; buscaban sacar a Lasso del gobierno, no fue sino hasta mayo de 2023 cuando, en medio de un juicio político en la Asamblea Nacional que buscaba su destitución por el delito de peculado y un escándalo relacionado con el caso denominado por la Fiscalía como “Gran Padrino” —que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera, en una red de tráfico de influencias en el sector público y negocios con la mafia albanesa—, el entonces mandatario decidió invocar la herramienta constitucional llamada “muerte cruzada”. Esta figura disolvía la Asamblea Nacional y convocaba a nuevas elecciones generales, lo que implicaba también la salida del propio Lasso del poder. Lasso permaneció en el cargo durante el tiempo estipulado por la ley, seis meses, gobernando mediante decretos.

En las elecciones de octubre de 2023, tras la segunda vuelta o balotaje electoral, en la que se enfrentaron Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, de la alianza ADN, Noboa fue proclamado ganador con el 52 % de los votos, frente al 47 % alcanzado por González. Un dato no menos importante, es que estas elecciones estuvieron marcadas por el asesinato del entonces candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, en medio de un mitin político en Quito, previo a la primera vuelta. Este hecho subrayó la desbordante violencia que ya se vivía en la nación.

Noboa, el “outsider” que llegó a Carondelet

Noboa, el presidente más joven en llegar al poder, con 36 años, gobernó Ecuador durante un año y medio. Su gobierno comenzó con un rompimiento con su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien no le permitió asumir plenamente el cargo y le delegó como única función ser “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina. Las tensiones escalaron con denuncias de Abad contra Noboa por violencia política, así como por la supuesta ilegalidad democrática de Noboa al no pedir licencia para ser candidato en las elecciones de 2025. Esto habría impedido que Abad asumiera la Presidencia, como lo establece la Constitución de la República en su artículo 146.

El mandatario arremetió incluso contra la Asamblea Nacional, que le exigió cumplir con la ley y solicitar la licencia correspondiente. Lo hizo con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que el 5 de enero, día en que se inauguró la campaña electoral, resguardaban el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, a donde Noboa (candidato y Presidente), le permitió el paso solo a sus simpatizantes. Este acto ha sido calificado por expertos y la opinión pública como un golpe a la democracia.

Noboa no solo enfrentó polémicas políticas internas. La noche del 5 de abril de 2024, un grupo de policías ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente, Jorge Glas, quien en ese momento se encontraba en la sede como asilado político, y posteriormente fue trasladado hasta la cárcel de máxima seguridad “La Roca”. El hecho provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, además de un potente rechazó internacional alegando que violaba el derecho internacional recogido en la convención de Viena de 1961.

Ecuador en 2025: un país marcado por la violencia y la inseguridad en el marco electoral

Ecuador enfrenta las elecciones de 2025 bajo un contexto de violencia e inseguridad que ha escalado de manera alarmante en los últimos años. El país cerró 2024 con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo posiciona entre los más violentos del mundo. En total, se registraron 6.964 muertes violentas, un promedio de una cada hora y 15 minutos. Aunque esta cifra representa una leve disminución respecto a 2023, el año más violento en la historia del país, sigue reflejando una crisis de seguridad derivada del crecimiento del crimen organizado, las masacres carcelarias y el debilitamiento institucional. Desde 2020, partiendo del gobierno de Lenin Moreno, al menos 16 masacres en prisiones han dejado cientos de víctimas, muchas de ellas desmembradas o calcinadas, exponiendo la incapacidad estatal para contener la violencia. Solo en 2024 e inicios de 2025 se ha registrado el asesinato de cuatro autoridades públicas, entre ellas Brigitte García (RC), la alcaldesa más joven del Ecuador, con apenas 26 años fue encontrada acribillada en su vehículo junto a su asesor de comunicación.

Los estados de excepción, la cotidianidad de Ecuador

El gobierno de Daniel Noboa, al igual que sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ha recurrido a estados de excepción como respuesta a la inseguridad. En 2024, Ecuador vivió más de 250 días bajo esta medida, incluida la declaratoria de un “conflicto armado interno” para enfrentar a bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas al narcotráfico internacional. Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas asumir el control de las prisiones y la seguridad pública, pero también generó denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos. Casos como el de cuatro menores, Steven, Josué, Ismael y Saúl, detenidos, golpeados, asesinados bajo custodia de las Fuerzas Armadas, cuyos cuerpos fueron después encontrados calcinados en los alrededores de la Base Aérea de Taura, donde fueron trasladados tras ser detenidos de forma arbitraria, sin evidencia, tras salir de un partido de futbol a escaza distancia de sus casas, según declararon posteriormente sus padres; han exacerbado las críticas hacia el uso de fuerzas militares en funciones civiles.

Apagones en Ecuador: Un panorama sombrío

Ecuador enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, una situación que no solo ha transformado el día a día de los ciudadanos, sino que también ha marcado la coyuntura política, económica y social del país en el umbral de las elecciones generales de 2025. Con cortes de luz de hasta 14 horas diarias, pérdidas económicas millonarias y un gobierno que lucha por retomar el control, la incertidumbre domina el panorama nacional.

El origen de la crisis energética

La crisis actual tiene múltiples causas, entre ellas, la falta de mantenimiento e inversión en las centrales hidroeléctricas del país, un problema que se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno. A esto se suma una severa sequía que, según el gobierno, es la peor en 60 años, y que ha reducido significativamente la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas, las principales proveedoras de energía en el país. Sin embargo, expertos señalan que la sequía no es el único factor determinante. Mientras que otros países de la región enfrentaron escenarios similares, Ecuador es el único que ha experimentado apagones diarios tan prolongados. Esto, según los analistas, se debe a una mala gestión gubernamental, una planificación insuficiente y la falta de implementación de proyectos energéticos alternativos.

Impacto económico y social

Los efectos de los apagones han sido devastadores. Según datos de la Cámara de Comercio de Quito, en tan solo dos meses de interrupciones, el sector industrial perdió USD 4.000 millones, mientras que el sector comercial reportó una disminución de USD 3.500 millones. En total, las pérdidas económicas ascienden a más de USD 9.500 millones desde que iniciaron los racionamientos en 2023.

El impacto social no ha sido menos alarmante. La incertidumbre sobre los horarios de los cortes de energía, las promesas incumplidas del gobierno y la falta de información clara han generado un ambiente de desconfianza. Además, la crisis energética ha derivado en despidos masivos, afectando a sectores clave como el manufacturero, el agrícola y el comercial. Según el Ministerio de Trabajo, en septiembre de 2024 se registraron 3.647 actas de finiquito, el 40% de ellas por despidos intempestivos.

El manejo político de la crisis

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha estado en el centro del debate. Tras asumir el poder en un contexto de inestabilidad energética, su administración prometió resolver la crisis para enero de 2025. Sin embargo, los expertos aseguran que no existen cifras técnicas que respalden esta afirmación. La credibilidad del presidente también se ha visto afectada por las renuncias de altos funcionarios, como la ministra de Producción y el ministro de Energía, quienes abandonaron sus cargos en medio de la crisis. La falta de comunicación efectiva y la improvisación en la planificación de los cortes han incrementado la percepción de descontento ciudadano.

Ecuador en recesión: Un país en crisis a las puertas de las elecciones de 2025

Ecuador enfrenta un panorama económico crítico en el marco de las elecciones generales de 2025, marcado por una recesión que se consolidó en 2024. Este año estuvo definido por la peor crisis eléctrica de las últimas dos décadas, una creciente inseguridad vinculada al narcotráfico y un éxodo masivo de ecuatorianos en busca de mejores oportunidades. A pesar de un incremento récord en la recaudación tributaria, impulsado por medidas fiscales controversiales, la incertidumbre económica y social sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Un país en recesión económica

La economía ecuatoriana cayó oficialmente en recesión en 2024 y, hasta diciembre, no se han registrado señales claras de recuperación. Los apagones prolongados y recurrentes han sido un factor clave que afectó a sectores productivos estratégicos como el comercio, la hotelería y la industria. En total, las interrupciones eléctricas provocaron pérdidas millonarias, mientras que miles de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) cerraron sus puertas, incapaces de sostenerse en un entorno de incertidumbre energética.

Por otro lado, el gobierno de Daniel Noboa implementó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que incluyó un aumento del IVA al 15%, generando una recaudación adicional de USD 1.119,8 millones entre enero y noviembre de 2024. Aunque esta medida buscaba destinar más recursos a la seguridad en medio de la declaratoria de conflicto armado interno, el consumo de los hogares disminuyó significativamente, agravando la situación de muchas familias y empresas. A pesar del incremento en los ingresos fiscales, no se han transparentado los destinos específicos de estos fondos, lo que ha generado críticas hacia la administración actual.

Migración, desempleo e inseguridad: Los otros rostros de la crisis

La falta de empleo y el deterioro de las condiciones económicas han impulsado una ola migratoria sin precedentes. Entre enero y julio de 2024, se registró un déficit migratorio de casi 100.000 personas que salieron del país y no volvieron, reflejo del descontento generalizado. Esta tendencia se suma a un clima de inseguridad exacerbado por el narcotráfico, que ha impactado tanto a las comunidades como al sector productivo.

Según las últimas estimaciones que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ya son más de 2.4 millones de ecuatorianos viviendo fuera del país, lo que representa cerca del 10% de la población. Pero de este total de 2023, 121.283 personas viajaron, y no volvieron a Ecuador.

Al analizar este saldo migratorio desde 1997, el número de ecuatorianos que salió el año pasado se asemeja a las cifras registradas en 2003, luego del feriado bancario cuando hubo una intensa ola migratoria.

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