Un grupo de efectivos de seguridad colocan cauchos en el medio de una avenida, los rocían con combustible y lo encienden. Detrás, a manera de barricada, cortan el paso móviles de la Policía de Misiones. Reclaman un aumento salarial del 100 por ciento; el Gobierno sólo ofrece el 30.

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Los policías retirados y en actividad acuartelados en la provincia del noreste argentino y frontera con Brasil y Paraguay son acusados de sedición, agravada por su condición de funcionarios públicos y por estar armados. El ministro de Gobierno provincial, Marcelo Périez, señaló que también fueron denunciados por «asociación ilícita, robo de material y destrucción de propiedad del Estado».

Pese a que el juez a cargo amenazó con desalojarlos, la protesta continúa y los policías mantienen el acampe en la céntrica Avenida Uruguay de la capital provincial, Posadas. 

A menos de 100 metros de donde se mantiene el personal de seguridad, hacen lo propio un grupo de docentes. Las carpas se desparraman de forma aleatoria encima de la calle y arriba de la vereda. “Aumento salarial ya” dice una de las tantas banderas colgadas sobre las tiendas.

Un maestro misionero que recién ingresa a dar clases en una escuela pública recibe una mensualidad equivalente a 200 dólares y el promedio de las tarifas de electricidad supera los 120. Por eso se manifiestan desde hace cinco meses, pero el acuartelamiento policial ha aumentado la tensión y les permite visibilizar su problemática a nivel nacional.  

La situación no es fácil para nadie. Según el instituto de estadísticas oficiales el valor de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas era de 812.000 pesos, es decir, poco menos de 800 dólares. 

En este contexto, los maestros se movilizaron el viernes pasado y marcharon hasta la legislatura de Misiones, derribaron las vallas y superaron el cordón de seguridad. Hasta este 27 de mayo mantenían cortes de ruta intermitentes en siete puntos de la provincia.

Además del magisterio y la policía, los trabajadores sanitarios mantienen tomada la sede del Ministerio de Salud de la provincia desde el pasado miércoles. También protestan guardaparques y tareferos, los trabajadores de la yerba.

“Hay que estar fuerte, levantarse muy temprano, a veces no nos toca comer, nos pagan por kilo y no nos alcanza para vivir, pasamos peligro en el yerbal», dice Neris, un tarefero perteneciente a la comunidad mbya guaraní. Asegura que le pagan 3.500 pesos por 100 kilos de yerba cosechados. En un supermercado, el kilo se consigue a no menos de 3.000 pesos.

No hay plata

Ante el atraso salarial de los trabajadores y funcionarios públicos, desde el Gobierno aseguran no contar con los recursos necesarios

Según el periodista misionero, Fernando Rumi, la situación de salarios bajos y costos de vida altos es habitual en la región. También apunta que Misiones es la séptima provincia acreedora de las arcas nacionales y, sin embargo, es una de las que menos recursos de Nación recibe. 

Las cuentas deficitarias de la provincia siempre se resolvieron a partir de compensaciones discrecionales de las diferentes administraciones, pero a contrapelo de lo ocurrido hasta el momento, el Gobierno nacional conducido por Javier Milei ha decidido recortar los envíos. Los recursos destinados por el Ejecutivo a la Gobernación se redujo este año en un 80 por ciento, mientras que los fondos de coparticipación, que le corresponden por Ley a la provincia, fueron reducidos en un 18 por ciento.

En ese sentido, la política de “no hay plata” establecida por el presidente Javier Milei como lema para realizar un ajuste mayor al 6 por ciento del producto bruto interno (PBI) del presupuesto nacional, tiene a la provincia mesopotámica como un exponente en pequeña escala de lo acontecido en el país. Para Rumi, Misiones puede considerarse como una especie de “laboratorio” donde ensayar diferentes respuestas ante un levantamiento social.

El territorio misionero representa menos del uno por ciento de la superficie que ocupa el país y es la provincia más joven del Estado Argentino, ya que antes de 1953 era considerada como un “territorio nacional” sin administración autónoma. Cuenta con poco más de un millón de habitantes y se encuentra a unos 1.200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, capital del país. 

Misiones es rica en biodiversidad y famosa por el Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas que son atractivos turísticos para miles de personas alrededor del mundo. Pese a su escasa extensión, la provincia produce más del 80 por ciento del té y la yerba mate producida en el país. 

Esta ecuación se vio modificada en los últimos meses, dado que la reciente intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate por parte del Gobierno nacional y la derogación de los mecanismos de regulación, provocó que cargamentos de yerba provenientes de los países vecinos, que tienen menor carga impositiva, inunden el mercado argentino. A ello se suma la liberalización de las importaciones y el encarecimiento de la moneda nacional que hace que la producción yerbatera no sea rentable.

Sobrepasar la línea de pobreza

Recientemente se viralizó un video en el que un efectivo de la policía con su uniforme baila cumbia con una maestra en medio de un concierto improvisado entre carpas y patrulleros. La unificación de los reclamos podría ser un factor clave para el crecimiento del movimiento popular y la paradójica situación de que quienes suelen reprimir las protestas sean parte de ellas.

Sin embargo, para Leonardo, un maestro de frontera afincado debajo de un gazebo azul en el acampe, la posibilidad de que se junten los reclamos es remota por las particularidades del personal policial. Aunque señala que “muchas de las maestras que están acá con nosotros, después van allá, porque su marido es policía”.

También indica que el dinero para los aumentos está, pero la administración provincial mantiene el superávit fiscal como regla máxima y teme no contar con fondos a futuro.

En este marco, se sostienen las negociaciones con los diferentes sectores, pero hasta ahora las propuestas oficiales no se acercan a las peticiones salariales. 

De momento, en la Gobernación se mantiene hermetismo frente a las posibles soluciones y mientras se extienden las movilizaciones aumentan las tensiones y el desgaste de los movilizados. 

El Gobierno nacional se despega del conflicto. “Tiene que buscarle una solución la Provincia”, expresó el pasado viernes Guillermo Francos, ministro del Interior. De momento, el único apoyo enviado desde Buenos Aires fue el despliegue de efectivos de seguridad federales, dependientes del Estado nacional, que podrían desalojar el acampe. Por ahora, esta opción no se ha concretado

En el acampe policial el desgaste a 11 días de iniciadas las protestas que han sido acompañadas de un clima frío y lluvia empieza a notarse, mientras que las movilizaciones de diferentes sectores se amplían y cada vez cosechan más respaldo del resto de la comunidad. Los sectores docentes, por su parte, no están dispuestos a ceder hasta poder cobrar un sueldo que sobrepase la línea de pobreza. 

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