Este jueves, la Cámara Alta de Argentina rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El decreto presentado a la sociedad como la base de la desregulación de la economía por el Ejecutivo, cosechó 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. 

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En base a la potestad otorgada por el Artículo 99 de la Constitución, que habilita al presidente en “circunstancias  excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios” para la sanción de leyes dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.

Sin embargo, la Ley N° 26.122 que regula los decretos de este tipo, señala que un DNU pierde su vigencia en caso de ser rechazado por ambas Cámaras. Es por esta situación también que mantiene su validez hasta tanto la Cámara de Diputados se expida al respecto. 

Hasta el momento, el Congreso nunca rechazó un DNU en los 40 años de democracia, por lo cual existen dudas con respecto a los plazos y términos en los cuales se puede finalmente definir el destino del pliego.

Tanto la aprobación como el rechazo se realizan por mayoría simple en cada recinto. No obstante, el oficialismo no cuenta con mayoría y podría intentar estirar los plazos hasta contar con un escenario más favorable.

Si la Cámara de Diputados definiera su aprobación, el DNU conservaría su plena vigencia y sólo el Poder Judicial podría invalidarlo. 

De hecho, existieron casos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación limitó la vigencia de un DNU, por considerar que los temas sobre los que actuaba no contaban con los fundamentos necesarios para justificar la necesidad y la urgencia para sobreponerse al Congreso.

¿Qué pasa si el DNU se deroga?

La Ley, en su artículo 24, señala que «el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil».

Si bien el DNU podría quedar sin efecto en los próximos días, la ley que lo regula indica que los derechos adquiridos durante su vigencia —desde finales del 2023— seguirán vigentes. 

Por ejemplo, un contrato de alquiler celebrado bajo la vigencia del DNU, seguirá siendo legal hasta su vencimiento.

¿Qué es el DNU 70/23?

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, llamado formalmente «Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina» y firmado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre, modifica, sustituye o deroga más de 100 leyes o decretos, entre ellos la ley de Alquileres, la de Contratos de Trabajo y los aumentos de la medicina prepaga.

Durante su presentación, Milei explicó que se trata de un “plan de desregulación económica” y señaló que significaría “un cambio de rumbo” para el país.

El decreto incluye 366 artículos y abarca desde la desregulación al régimen de las tarjetas de crédito o cambios en las recetas médicas, hasta la compra-venta de autos y la compra de tierras.

Algunos de los puntos más salientes son:

– Reforma laboral: el decreto otorga un capítulo entero a la desregulación del mundo del trabajo. En ese sentido, plantea la eliminación de derechos laborales, como el pago de horas extra, la libertad de organización gremial y de huelga. 

– Derogación de la Ley de Alquileres: con esta desregulación, inquilino y propietario deberán negociar sin el paraguas de la ley, sin que esté especificado el tiempo y sin reglamentación para los ajustes y actualizaciones.

– Derogación de la Ley de Góndolas: consiste en la eliminación de todas las herramientas y políticas del Estado para regular los precios de los productos en comercios.

– Desregulación de la medicina prepaga: con esta desregulación las empresas prestadoras son libres de aumentar las cuotas a sus usuarios. En consecuencia, el costo mensual del servicio de medicina prepaga se incrementó en más de un 100 por ciento desde que entró en vigencia el DNU.

– Derogación de la Ley de Tierras: la normativa puso límites a la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras y prohibió la venta en zonas ribereñas. La derogación habilita la entrega a otros países, a corporaciones económicas y financieras. 

El rechazo popular

Desde un primer momento, el DNU despertó el rechazo de sectores de la población, que se manifestaron espontáneamente en todo el país. Durante el primer mes de gestión de Milei, vecinos de varias ciudades se reunieron en diferentes esquinas para manifestar su repudio al decreto.

En tanto, el sector de los trabajadores organizados, uno de los más afectados por el DNU, convocaron a una masiva movilización el pasado 27 de diciembre. Allí confluyeron en unidad las principales organizaciones obreras del país. 

A su vez, se llamó a una segunda movilización acompañado de una huelga general que, según la Confederación General del Trabajo (CGT), logró que un millón y medio de personas se adhirieran al paro en todo el país, mientras que 600.000 fueron parte del epicentro de la marcha en la Ciudad.

También fueron presentadas una serie de medidas cautelares ante la Justicia para limitar lo que fue considerado como un avasallamiento a derechos consagrados de la población. Tras un mes de entrada en vigencia, al menos seis medidas cautelares suspendieron la aplicación del capítulo de reformas laborales.

Además, otra cautelar suspendió la posibilidad de que los clubes se vuelvan sociedades anónimas y la Justicia impidió la desregulación del mercado del mate.

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