El juez federal del Distrito de Columbia, James E. Boasberg, determinó la víspera que existen fundamentos para declarar en desacato criminal a la Administración de Donald Trump por desobedecer una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes hacia la megacárcel de El Salvador.

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Boasberg señaló en un documento de 40 páginas que el Gobierno actuó con «completo menosprecio» al fallo judicial.

«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», afirmó.

Asimismo, advirtió que permitir que el Ejecutivo ignore resoluciones judiciales convertiría la Constitución en una burla.

La medida se produjo después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el fin de expulsar a los migrantes, en su mayoría venezolanos, a quienes acusó –sin presentar pruebas– de vínculos con grupos criminales, entre ellos la extinta organización Tren de Aragua.

Pese a que el juez federal ordenó el retorno de dos aviones con deportados, el Gobierno de Trump hizo caso omiso, lo que desencadenó una disputa legal en la que el mandatario estadounidense llegó a sugerir someter al magistrado a un juicio político.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que esas deportaciones equivalen a «desapariciones forzadas», mientras que investigaciones periodísticas revelan que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.

El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, que incluye un pago de seis millones de dólares por el secuestro de los migrantes, ha generado fuertes críticas internacionales relacionadas con las condiciones del centro penitenciario y las constantes violaciones a los derechos humanos.

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